Con el veto que se ha impuesto sobre el proyecto que tiene como objetivo fortalecer la pensión del Defensor del Pueblo en el Instituto de Investigación Judicial (OIJ) al alcanzar la edad de 55 años, el Parlamento ya ha registrado tres ocasiones en las que esta situación debe ser resuelta durante la sesión legislativa actual.
Los representantes alternativos frente a este veto deben tomar la decisión de si lo mantienen o, por el contrario, lo recompensan, convirtiendo así la propuesta en Ley de la República. Es importante destacar que para poder restaurar este proyecto se requiere un apoyo mínimo de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
Además del proyecto relacionado con las Pensiones Avanzadas OIJ, el Parlamento también está considerando otros dos potenciales vetos: uno sobre las tarifas de vuelos de bajo coste hacia países de América Central, y otro relativo a las regulaciones de la ley reconocida. Estas son algunas de las numerosas cuestiones pendientes que el Parlamento tiene que resolver y que podrían concretarse durante este periodo inusual de sesiones; sin embargo, es fundamental que el poder ejecutivo anuncie los documentos pertinentes, ya que esto es lo que permite establecer el programa de trabajo.
El jueves, el Secretario de Estado citó la discusión sobre vuelos de bajo coste y lo incluyó como uno de los temas a tratar en la agenda del jueves. No obstante, el plan sufrió modificaciones debido a la escasez de consenso en el campo político y, según las palabras de Pilar Cisneros, se valora la posibilidad de desconfiar de este tema de inmediato.
Los dos archivos restantes no se pueden unir, por lo que el Parlamento se ve imposibilitado para avanzar en su agenda. Es relevante hacer notar que el veto del presidente se formalizó en 2025; específicamente, el primero tuvo lugar el 18 de febrero, en respuesta a la propuesta que buscaba restablecer el coste de $100 para los vuelos hacia América Central y de $120 hacia la República Dominicana.
El fundamento de esta decisión se basa en la previsión de que el turismo podría sufrir un impacto negativo, dado que el gobierno estima que los turistas provenientes del extranjero reducirían su tiempo de estancia en el país.
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Casi tres meses después …
El 18 de mayo marcará la culminación de tres meses desde que se emitió el veto a la propuesta de Eli Feinzaig, destinada a los liberales progresistas. A pesar de los intentos de discutir el asunto hasta en tres ocasiones, no se llegó a un entendimiento final.
Inicialmente, se había pautado su discusión para finales de febrero, pero esto no fue posible, lo que originó controversias en el Estado Partido, dando lugar a la creencia de que se había agotado el tiempo para uno de los miembros del Parlamento, hecho que retrasó la discusión de la propuesta.
Posteriormente, se determinó el 11 de marzo como una nueva fecha, aunque este plazo también fue modificado antes del 18 de marzo. En este mes, no se presentó ninguna discusión, y no se definió una nueva fecha. Esto ocurre a pesar de las insistencias de Pilar Cisneros.
Desde el Partido Liberal Progresista (PLP), han manifestado que cuentan con los votos necesarios para la recuperación del proyecto; sin embargo, están a la espera del momento adecuado para convocar a los legisladores al respecto.
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El presidente Rodrigo Chaves tiene tres vetas en 2025. (Fotos Alonso Solano/El Obserbador)
Regulaciones y sanciones
Asimismo, en febrero, pocos días después de ejercer el veto sobre los vuelos baratos, el presidente Chaves también aplicó el mismo veto a los documentos 23,192 conocidos como «leyes para garantizar una regulación sobre la ley de la comisión».
Esta decisión se fundamentó en razones relacionadas con oportunidades, conveniencia y gobernanza.
La iniciativa, liderada por la subdirectora general Daniela Rojas en Pusc, señala que el gobierno tiene control sobre los proyectos de ley durante el tiempo específico del texto presentado, y si no se indica un plazo, este será definido en un término máximo de seis meses.
La propuesta también incluye sanciones para aquellos que violen la jerarquía de la ley; es decir, aquellos que no apliquen la normatividad en un momento estipulado.
Las sanciones que se derivan de esta normativa incluirían penas que podrían oscilar entre 1 y 3 años para funcionarios en cualquier cargo público.
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Los oficiales de OIJ quieren obtener una pensión avanzada.
Último
El martes, la Asamblea Presidencial de CASA envió a la Asamblea Legislativa el veto respecto al proyecto que tiene como objetivo fortalecer las pensiones para los agentes del OIJ que alcancen los 55 años, tras haber cumplido 30 años de servicio. Esta situación fue anticipada por Chaves, quien ya había advertido que el proyecto resultaría en un veto, lo cual ahora es una urgencia para los alternativos que buscan encontrar nuevas vías para avanzar con la propuesta.
El jefe de la clase, Oscar Izquierdo, declaró que «lamentablemente, la posición del Secretario y el Presidente está justificada. Este proyecto de ley está sustentado con argumentos legales y numéricos que demuestran que tiene las condiciones necesarias para su aprobación».
De igual manera, Alejandra Larios, quien es hoy la responsable del delito, destacó que este documento fue presentado durante el actual periodo luego de la propuesta inicial realizada en 2021 por Dragos Donolescu.
Finalmente, Larios enfatizó: «Sigo convencida de que esta es una tarea legal y justa, y, por supuesto, haremos lo posible por conseguir los votos necesarios para restaurarlo», agregando que tiene plena confianza en que así será.
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