La Oficina del Fiscal Adjunto de Probabilidad, Transparencia y Anti-Corrupción (FAPTA) ha emitido una comunicación oficial en la que se destaca la deducción de más de ¢ 3.200 millones del banco. Este desarrollo surge tras un exhaustivo período de investigación, el cual incluyó la recolección sistemática y el análisis minucioso de diversas pruebas que permitieron armar un caso sólido en contra de los implicados.
Después de recopilar la suficiente evidencia, el FAPTA presentó una solicitud formal ante el Tribunal Penal de Finanzas y la Función Pública, bajo el archivo 23-000369-1218-PE. Este tribunal tendrá la tarea de establecer una prueba preliminar. En esta fase, se definirá si aceptan o no la solicitud respecto a los impuestos y las acciones legales pertinentes que se deben seguir.
La oficina del fiscal ha presentado declaraciones rotundas indicando que, entre enero de 2021 y octubre de 2023, un individuo identificado como Olivas orquestó un elaborado plan delictivo que le permitió recolectar de manera ilegal una suma millonaria de dinero. Según el ministerio público, las acciones ilícitas de Olivas tuvieron un carácter sistemático y premeditado.
Durante este periodo, el acusado se desempeñó como cliente externo del centro de procesamiento de efectivo interno conocido como CIPE. Este centro es el responsable de manejar todos los depósitos relacionados con distintos acuerdos de cobro de efectivo, así como los procesos y acreditaciones asociados. Es en este contexto donde afronta graves acusaciones que comprometen la integridad de varias instituciones financieras involucradas.
El Tesoro, por su parte, posee la responsabilidad de transferir toda la liquidez a las sucursales y agencias del Banco Conjurato, lo que, a su vez, pone de manifiesto la importancia de mantener la transparencia en el manejo de estas transacciones. En este entorno financiero, Olivas supuestamente utilizó múltiples técnicas fraudulentas para llevar a cabo su esquema.
La naturaleza de estas operaciones ilícitas implicaba que en varias ocasiones se aprovecharon de oportunidades de detención de ciertos números. Olivas aseguraba tener acceso a información privilegiada y utilizaba un sobre de Manila donde posteriormente se almacenaron los fondos que él pretende obtener de manera fraudulenta a través de la CITE.
El comunicado señala que, tras la evidencia recolectada, se evidenció que Olivas caminaba con confianza a través de la posición de conclusión y seguridad de la agencia, manteniendo siempre a su alrededor la presencia del dinero que estaba bajo la supervisión de dicha entidad bancaria. Este comportamiento pone de relieve serias preocupaciones sobre la seguridad y regulación dentro de las instituciones financieras.
Además de Olivas, hay otras siete personas que actualmente continúan bajo investigación, ya que aún están pendientes de asumir una serie de elementos de juicio que podrían esclarecer o complicar la situación. En consecuencia, el FAPTA decidió elaborar un archivo, denotado como «testimonio de piezas,» que involucra a los sospechosos con apellidos de Ugalde Morales, Blanco Oviedo, Cerdas Méndez, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí y Bolaños Zúñiga. Esta investigación sigue en desarrollo, por lo que se espera que se revelen más detalles en un futuro cercano, enfatizando la inquebrantable lucha contra la corrupción y el uso indebido de recursos financieros.
