La policía de las instituciones penitenciarias ha realizado una notable intervención tras la confiscación de más de 10 gramos de marihuana, que estaban ocultos dentro de pasta dental, en dos diferentes prisiones del país. Esta situación resalta los crecientes desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios en cuanto a la seguridad y el contrabando de sustancias ilegales.
Según la información proporcionada por el Ministerio de Justicia y Paz, el primer incidente se produjo en la prisión de Limón. Durante una inspección de rutina, los guardias descubrieron que una de las pastas dentales contenía una cantidad significativa de marihuana. En total, se encontraron 8.7 gramos de este narcótico en el contenedor que supuestamente estaba destinado a la higiene personal de los reclusos. Este hallazgo no solo pone de manifiesto la astucia de quienes intentan introducir drogas en las prisiones, sino también la necesidad de mejorar los métodos de seguridad y vigilancia en estos lugares.
El segundo caso relevante tuvo lugar en la prisión de Alajuela, donde se decomisaron otros 4.5 gramos de marihuana. El hecho de que dos incidentes hayan ocurrido en un período de tiempo relativamente corto sugiere una posible red de contrabando que podría estar operando dentro de las instalaciones penitenciarias, lo que plantea serias preocupaciones sobre el control de las drogas en estos entornos cerrados.
Las autoridades han compartido imágenes que ilustran cómo los oficiales llevaron a cabo el proceso de decomiso. En estas imágenes, se puede ver a los oficiales esparciendo el contenido de la pasta dental sobre un plato, revelando la cobertura que escondía las drogas. Este tipo de procedimientos es crucial para demostrar la eficacia de las operaciones de seguridad y contrabando dentro de los recintos penitenciarios, además de ser un recordatorio de que las rutas de tráfico de drogas pueden ser inusuales y creativas.
Las personas que intentaron establecer la droga en los centros penitenciarios han sido llevadas a la oficina del fiscal para que se determine su situación legal. Esto es un paso fundamental en la lucha contra el tráfico de drogas, ya que no solo se busca desalentar a quienes intentan introducir sustancias ilegales en las prisiones, sino también garantizar que aquellos que cometen estos delitos enfrenten consecuencias legales apropiadas. La colaboración entre diferentes agencias de seguridad y el sistema judicial se hace vital para abordar este problema y mantener la integridad de los centros penitenciarios.
