El 31 de marzo se llevó a cabo la aprobación del primer debate de un proyecto legislativo que ha generado un intenso debate y controversia entre los representantes de diversas facciones políticas. Este proyecto, que busca revisar y actualizar la Ley 8,754, que aborda los delitos relacionados con el crimen organizado, fue enviado a la Agencia Constitucional por 21 de los 22,834 diputados presentes. Las dudas en torno a las alternativas propuestas para diferentes delitos han sido un punto focal de discusión.
La ley en cuestión tiene como objetivo fortalecer la gestión de jurisdicciones consideradas problemáticas, comúnmente referidas como nuevas capitales. La propuesta original fue introducida durante el mandato del expresidente Carlos Alvarado, quien dejó un legado de iniciativas legislativas problemáticas, entre las cuales se incluye esta que ahora se somete a un nuevo análisis. Varios partidos del espectro político, incluyendo Pusc, el Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República y otros han respaldado la consulta que presenta objeciones a la iniciativa.
Esta no es la primera vez que el proyecto se encuentra ante la consideración de la Sala IV. En septiembre de 2024, un primer debate ya había tenido lugar, y en ese entonces, el PLP también había presentado una consulta que enfatizaba la necesidad de erradicar lo que consideraban un «dominio oculto» en la legislación propuesta. Durante este tiempo, los comisionados del condado expresaron que, aunque no se había encontrado una estructura organizativa clara en la mayor parte de la misma, sí se evidenció la existencia de un marco gubernamental relacionado que podría ser utilizado en la manipulación de la información dentro de los procesos judiciales.
Uno de los puntos críticos destacados en el proceso de evaluación del proyecto es su supuesta falta de precisión y claridad. En octubre del año pasado, se advirtió que el texto legislativo era inapropiado y muy amplio, lo cual podría violar derechos fundamentales de defensa y justicia. Siga más: con dudas y votación compartida, la sesión legislativa aprobó el primer proyecto de discusión que congela los productos de origen dudoso
Eli Feinzaig, del PLP, ha sido un crítico notable de las disposiciones de este proyecto.
Fue cambiado
Una vez que el texto regresó a la Asamblea Legislativa, se envió al Comité Constitucional, que decidió realizar las modificaciones necesarias y sugeridas. Posteriormente, fue enviado de nuevo al Comité de Seguridad, donde se revisaron las enmiendas antes de ser discutido nuevamente en un primer debate por el Ministerio Público.
La esencia de la propuesta gira en torno a otorgar al Ministerio Público el poder de solicitar medidas cautelares a un tribunal, relacionadas con la preservación y verificación de activos financieros sospechosos de estar vinculados a actividades delictivas, especialmente en casos de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Esta medida implica que los activos podrían ser congelados sin ulterior investigación, lo que ha suscitado preocupaciones entre los opositores a la iniciativa.
Los críticos consideran que este enfoque es peligroso, ya que elimina el umbral económico necesario para justificar la congelación de bienes. Esto significa que bajo la mera sospecha, sin necesidad de una acusación formal, los activos podrían ser congelados. Pilar Cisneros, cabeza del partido gobernante, ha expresado que «frente a una sospecha simple, sin una acusación formal, podrían congelar el producto».
Por otro lado, Eli Feinzaig, del PLP, ha argumentado enérgicamente que este enfoque invierte la carga de la prueba, moviendo la presunción de inocencia hacia una presunción de culpabilidad. «Los productos se congelarán sin acusaciones concretas y tendrán tres días para demostrar el origen de su propiedad de hasta diez años», ha declarado. En este sentido, el debate se mantiene abierto, y ahora la atención se centra en la posibilidad de que la Sala IV resuelva la reciente consulta presentada.
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