El reciente rechazo a la propuesta legislativa sobre el autocultivo del cannabis en Costa Rica ha generado un intenso debate en la sociedad. En esta ocasión, los libertarios Danny Vargas, Francisco Nicolás y Alejandra Larios votaron en contra, así como el abogado Daniel Vargas, quien rechazó el registro de 24,176, el cual pretendía facilitar el auto-tratamiento con cannabis. Esta decisión ha suscitado preocupaciones sobre los derechos individuales y la salud pública, que son temas cruciales en la agenda política actual del país.
La propuesta fue presentada por el legislador Ariel Robles, quien es miembro del partido Frente Amplio, en febrero de 2024. Su objetivo era autorizar el cultivo doméstico de la planta conocida como «Cannabis», permitiendo a los adultos legales cultivar hasta un máximo de 20 plantas femeninas para fines personales. Con esto, se buscaba no solo normalizar el uso del cannabis, sino también ofrecer una alternativa válidа para aquellos interesados en su aplicación medicinal y recreativa, buscando así regular un mercado que ha estado históricamente en la clandestinidad.
A pesar de la oposición que enfrentó, solo Rocío Alfaro y el subdirector general independiente, Johana Obando, expresaron su apoyo a la iniciativa. Esta propuesta ahora se presentará para su consideración en futuras sesiones, aunque la situación actual ha generado un clima de incertidumbre respecto al futuro de la regulación del cannabis en el país.
Una de las principales motivaciones del sistema automático que se propuso en el proyecto de ley era la intención de disminuir el mercado negro de cannabis, que ha prosperado en gran medida debido a las restricciones vigentes. Además, el enfoque de este proyecto pretendía promover un cambio en la política de salud pública, buscando contribuir al bienestar general de la población al garantizar que los usuarios tuvieran acceso a cannabis de calidad y cultivado bajo condiciones controladas.
El diputado Robles enfatizó la importancia de que el estado permita la autocultivación del cannabis, resaltando que esto no solo protege la salud de los usuarios, sino que también respeta sus derechos humanos y brinda opciones seguras para acceder a esta planta. Explicó que, al regular el autocultivo, se estarían creando condiciones que favorecerían la seguridad de los ciudadanos al evitar la dependencia del mercado farmacéutico ilegal.
Los defensores de la propuesta sostienen que las leyes actuales en Costa Rica son demasiado restrictivas. El Artículo 58 de la ley sobre narcóticos y drogas y sustancias psicotrópicas establece prohibiciones en torno al cultivo del cannabis, dejando, sin embargo, un vacío legal que podría ser interpretado de diferentes maneras. Esto ha llevado a muchas personas a sentirse inseguras respecto a su derecho a cultivar cannabis para consumo personal.
Dentro del marco del proyecto propuesto, se especificó que quienes excedieran el límite permitido de 20 plantas se arriesgarían a enfrentar multas que irían desde uno hasta cinco salarios básicos, lo que podría desincentivar el cultivo ilícito al establecer límites claros y regulados.
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