Un inspector por cada 15,000 trabajadores. Esta es la relación con la que la Dirección Nacional de Inspección Laboral (DNI) busca garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en Costa Rica.
Según un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo, solo 103 personas, incluidos inspectores y coordinadores, deberían atender a más de 1.6 millones de trabajadores.
La entidad, adjunta al Ministerio de Trabajo y el Seguro Social (MTSS), tiene serias restricciones como resultado de la falta de personal, recursos financieros, infraestructura y equipos.
Según la entidad defensora, el 50% del dinero recaudado por las multas laborales no se ha asignado desde 2019, aunque el código laboral lo exige.
Esto ha detenido el alquiler de más inspectores y las condiciones de las oficinas regionales, algunas con órdenes sanitarias, como QuePos, se deterioraron en el cierre del cierre.
El defensor del pueblo aconsejó revisar urgentemente el MTSS por qué no se transfirieron estos fondos, su gestión de uso inmediato y una investigación consideraron determinar posibles responsabilidades. También pidió fortalecer la planificación y proporcionar la identificación de más lugares y el apoyo inter -institucional.
