La Contraloría General de la República (CGR) iSe identificaron deficiencias en la asignación de Bonos de Vivienda del Artículo 59. Esta modalidad está diseñada para atender a las poblaciones más vulnerables del país y aquellas con recursos económicos limitados.
El ingreso mensual de la familia. no debe exceder los ¢476 mil para solicitar la solución de vivienda.
Entre los principales hallazgos, la Contraloría señala que el 20% de los casos, un total de 1.245, no se concentraron en distritos con mayores niveles de pobreza o viviendas inseguras.
«La política actual considera la atención prioritaria de las personas en zonas con mayores índices de pobreza, y otorga un alto grado de subjetividad y discreción al personal a cargo, con controles implementados de forma manual e individual», indica el ente controlador.
También destacan debilidades en la definición de plazos formales de gestión de bonosen el cual la duración promedio para el otorgamiento del beneficio es de 527 días hábiles.
Entre los casos auditados, el 82% de las entidades autorizadas no han recibido capacitación formal por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) en los últimos tres años sobre la estandarización de criterios y regulaciones para la asignación de bonos.
«Además, existe una insuficiente gestión de riesgos que limita la prevención, detección y corrección de irregularidades en la adjudicación de bonos, dada una limitada cultura de riesgo y gestión de mejora institucional continua», agregó Marcela Aragón, gerente de supervisión para el desarrollo de las ciudades.
