Dada la información distribuida sobre el caso Tóóbola, que aparece como el funcionario de una persona de la Junta de Protección Social (JPS), la institución afirma trabajar activamente con las autoridades judiciales.
A través de una declaración oficial, el JPS ha confirmado su compromiso con la legalidad, la ética y la transparencia en la función pública, enfatizando que no más detalles por respeto al proceso adecuado mientras la investigación continúa.
«El propósito de la institución sigue siendo el bien social y la administración responsable de los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables del país», dijo la entidad.
En el mismo fallo, la Junta aprovechó la oportunidad para hacer un llamado urgente para fortalecer la capacidad del estado contra el crecimiento de las loterías ilegales, que advirtieron, en muchos casos están vinculados a las estructuras de delitos organizados.
En respuesta a este fenómeno, el JPS repitió su apoyo al archivo legislativo 25.057, conocido como el fortalecimiento de los poderes del Consejo de Protección Social y la regulación del juego en el marco de seguridad y control del delito organizado.
