Nicaragua Este viernes aprobó una reforma constitucional que elimina la posibilidad de doble nacionalidad, lo que significa que todos los ciudadanos nicaragüenses que decidan adquirir otra ciudadanía Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tomado medidas drásticas que han resultado en la pérdida de la nacionalidad nicaragüense para cientos de opositores y críticos. Estas personas han sido afectadas durante el último año, siendo muchas de ellas exiliadas o forzadas a abandonar el país debido a políticas represivas.
La Asamblea Nacional indicó a través de la X-network que, durante una ‘sesión especial’ celebrada en la ciudad de Niquinohomo, se aprobó por unanimidad una reforma parcial a los artículos 23 y 25 de la Constitución, la cual fue puesta a consideración a través de una iniciativa presentada por la pareja presidencial. Este acto legislativo es evidencia clara del interés del gobierno en controlar y regular la ciudadanía nicaragüense, reflejando un enfoque autoritario hacia la disidencia.
La reforma «establece que un nicaragüense perderá su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad», declaró el organismo legislativo. Esta declaración va acompañada de un planteamiento que refuerza la idea de lealtad única: «Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un estado extraño rompe el vínculo legal y moral con Nicaragua. No puede haber doble fidelidad: la patria exige un compromiso exclusivo», defendieron en la ley impulsada por Ortega y Murillo, quienes también copresiden la reciente reforma constitucional.
Adicionalmente, los cambios constitucionales estipulan que «los extranjeros que soliciten nacionalización deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto aquellos provenientes de naciones centroamericanas». Este aspecto de la reforma muestra una clara intención de cerrar las puertas a la migración y garantizar que el control sobre la nacionalidad se mantenga bajo estrictas condiciones.
El contexto histórico de esta situación es importante. La antigua guerrilla sandinista, que llegó al poder tras la victoria de la Revolución Sandinista en la década de 1980, ha permanecido en el gobierno desde el año 2007. Durante este tiempo, Ortega y Murillo han sido acusados frecuentemente de establecer un régimen autoritario, reprimiendo a la oposición y limitando la libertad de expresión.
Desde las protestas masivas de 2018, que resultaron en la muerte de más de 300 personas, según informes de la ONU, el gobierno ha radicalizado aún más su postura. Ortega y Murillo consideran estas manifestaciones como un intento de golpe de estado respaldado por Washington, justificando así sus acciones represivas como necesarias para mantener el orden y la estabilidad en el país.
