La oficina del fiscal adjunto de Puntarenas ha solicitado, con toda la gravedad que el caso amerita, la imposición de la multa máxima para dos hombres que han sido acusados de perpetrar un horrendo crimen de homicidio involuntario, que resultó en la trágica muerte de un adolescente. Este hecho ha conmocionado a la comunidad local y ha planteado serias preguntas sobre la seguridad y el bienestar de los jóvenes en la región.
El cuerpo fiscal, que representa a la sociedad y se encarga de la defensa de los derechos de las víctimas, ha solicitado una condena de 35 años de prisión para los imputados, identificados como Vega Azofeifa y Matarrita Matarrhita. Ambos han sido acusados de cometer actos atroces que involucran no solo el homicidio del joven, sino también la descomposición del cuerpo de la víctima. Este acto de amañadas crueldades incluye el proceso de quemar el cuerpo hasta que quedó reducido a huesos, tras lo cual se deshicieron del mismo arrojándolo en un lugar conocido como Chacarita. Este nivel de brutalidad ha suscitado una indignación generalizada en la opinión pública.
Los hechos que han sido señalados por la oficina del fiscal ocurrieron el 15 de marzo de 2024, en un rango temporal inquietante que abarcó desde las 15:40 hasta las 20:00. Todo esto tuvo lugar en una casa ubicada en el vecindario del 20 de noviembre, un área que, hasta ahora, no había sido conocida por este tipo de delitos. Según los informes recibidos, Vega, Matarrhita y un menor que ha sido procesado bajo la Oficina del Fiscal Juvenil, habrían ideado un plan siniestro que se definió como un intento deliberado para poner fin a la vida del adolescente. Esto revela una planificación premeditada y fría que deja poco espacio a la duda sobre la culpabilidad de los acusados.
La investigación que se ha llevado a cabo para esclarecer este caso comenzó con la inquietante desaparición del menor. Sin embargo, a medida que se adentraron en los detalles, se determinó que el caso no era simplemente un asunto de desaparición, sino que se trataba de un homicidio calificado, un delito con consecuencias legales severas. La revelación de este hecho ha llevado a que la comunidad se solidarice con la familia víctima, generando un llamado a la justicia que no solo busca la condena de los responsables, sino también una reflexión sobre la violencia juvenil y sus raíces complejas.
En este contexto, los acusados continúan en detención provisional, lo que indica que las autoridades consideran que representan un riesgo significativo para la sociedad. La lectora de la sentencia para este caso impactante está programada para el lunes 19 de mayo, a partir de las 08:00, en los tribunales de Puntarenas. Este evento no solo marcará un hito en el camino hacia la justicia para la familia de la víctima, sino que también será un momento crucial para la comunidad, que ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de este caso perturbador.
