El presidente de la República, Rodrigo Chaves, expresó su preocupación respecto al presupuesto de ¢ 20 mil millones destinado a las superintendencias, durante su conferencia de prensa semanal. Este presupuesto, según el mandatario, se destina mayormente a cubrir los salarios de dichas entidades, lo que ha suscitado un debate sobre la eficiencia y la efectividad de la administración pública en el país.
Antes de responder a una pregunta de un periódico sobre la posibilidad de reestructurar esta asignación, teniendo en cuenta la creciente necesidad de aumentar la inversión social en Costa Rica, el presidente Chaves lamentó que el país haya aceptado aceptar una cifra tan elevada sin recibir, a su juicio, los resultados esperados. «Es fundamental que el dinero público no solo se gaste, sino que produzca beneficios tangibles para la ciudadanía», añadió el presidente.
«No tengo competencia sobre esas entidades, lo que tengo es una preocupación muy seria. Más que preocuparnos por lo que gastamos, tenemos que preocuparnos por lo que nosotros somos en relación con la comida incompetente», dijo Chaves, subrayando así la necesidad de una fiscalización más rigurosa sobre el uso de fondos públicos.
La crítica del presidente se centra principalmente en dos figuras: Rocío Aguilar, que ha sido responsable de antiguas entidades de pensiones y financieras, y Tomás Soley, el actual Superintendente de Seguros y Valores. Chaves argumenta que la gestión de estos funcionarios ha dejado mucho que desear, lo que se traduce en desconfianza y pérdida de recursos por parte del Estado.
«Vea lo que sucedió bajo Aguilar con la caída de Desifin y Coopeservistas. Un año después, hay personas que no recibieron nada. También hay personas que tienen miedo de informes preliminares de los ins. Si hubo un gran daño financiero a esa información falsa, ¿quién habría sido el error?», agregó, señalando la gravedad de la situación y la necesidad de rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales.
Es importante destacar que de los ¢ 20 mil millones asignados, aproximadamente el 48% corresponde a salarios, lo que lleva a cuestionar si estos gastos son justificables. El presidente indicó que, con los fondos asignados a los salarios de las superintendencias y del Consejo de Supervisión Nacional del Sistema Financiero (CONASSIF), se podrían otorgar, en teoría, alrededor de 2,702 subsidios de vivienda, cada uno por un monto de ¢ 7,4 millones. Esto resalta una discrepancia significativa entre el uso de recursos y las necesidades reales de la población.
La crítica del presidente ha abierto el debate sobre la administración del gasto público en un contexto donde la sociedad costarricense demanda más inversión en áreas clave como la educación, la salud y la infraestructura. La esperanza es que estas afirmaciones lleven a una reconsideración seria de cómo se manejan los fondos públicos y una priorización de las inversiones que realmente beneficien a la ciudadanía.
