Pilar Cisneros, a su vez, da la bienvenida al Ministro de Justicia al considerarlo apto para el programa político de arresto «Dark Track».

Esta semana, el ambiente político se caldea tras los arrestos de figuras prominentes, incluyendo al ex ministro de MOPT, Mauricio Batalla, y a Alejandro Picado, presidente del comité de emergencia. Asimismo, se detuvo a Marco Castillo, director de aviación civil, y Pilar Cisneros, quien ha sido vocal en la crítica de estos acontecimientos. Este despliegue de acciones legales ha generado un mosaico de opiniones y análisis en el ámbito político y social.

Desde la perspectiva del Jefe de Banca del Estado, se ofreció una bienvenida al Ministro de Justicia, Carlo Díaz, quien ha enfrentado una serie de ataques y arrestos que él considera como parte de un nuevo «espectáculo político». Este fenómeno ha sido objeto de debate en la Asamblea Legislativa, donde se han publicado videos que documentan las declaraciones de Cisneros, quien ha expresado su postura con firmeza a través de sus redes sociales.

Cisneros argumentó que la inclusión del fiscal en las investigaciones sobre el acuerdo del aeropuerto de Liberia era un paso significativo, añadiendo que había habido un respaldo a las acciones y documentos que se han considerado esenciales en este contexto de secuestro de información. La diputada cuestionó, además, el proceso llevado a cabo, señalando que aquellos involucrados en lo que se ha denominado una «vía oscura» no deberían ser tratados como delincuentes peligrosos, sino más bien ser llamados a esclarecer sus acciones.

En su discurso, añadió: «Nadie robó cinco, la trayectoria fue urgente y culminó costando $ 8 millones menos que el presupuesto proyectado.” Este comentario intenta desmarcar a Batalla de acusaciones graves, sugiriendo que sus acciones estaban orientadas a ahorrarle dinero al país en lugar de despilfarrarlo.

El diputado continuó con el análisis de las decisiones tomadas por el fiscal Carlo Díaz, sugiriendo que su enfoque ha sido erróneo en múltiples ocasiones, especialmente al conectar al actual gobierno con casos de corrupción. “Sus evidencias terminan cayendo solas”, expresó, lo que añade un elemento de fricción en la relación entre las autoridades y el ministerio público.

Siga más: la oficina del fiscal solicita posponer el juicio del presidente de CNE y otros dos sospechosos en la pista oscura; también pide medidas contra el ex ministro Batalla.

Mauricio Batalla y las compañías fueron liberadas el miércoles.

Pérdida

Cisneros no ha escatimado en críticas hacia algunas de las declaraciones hechas por Díaz durante el ataque reciente; en particular, manifestó que el fiscal reconoció que la reparación de la pista era una necesidad, pero subrayó que no era necesario abordar esta cuestión a través de un fallo de emergencia, lo que levanta dudas sobre los procedimientos adoptados durante la gestión.

«Admite que reparar la pista era imprescindible, pero sugiere que esto debe hacerse a través de canales normales, lo que podría prolongar el tiempo de espera para la culminación de las obras,» afirmó. Este señalamiento es esencial si consideramos que el aeropuerto de Liberia recibe a más de 73,000 viajeros mensualmente, y cualquier retraso podría impactar negativamente en el sector turístico.

Además, Cisneros recordó que el cierre temporal del aeropuerto podría resultar en pérdidas significativas, haciendo eco de las declaraciones del Ministro de Turismo, William Rodríguez, quien habló de una pérdida de 130 millones de colones. “El costo de hacer la pista en condiciones normales podría haber sido cuatro veces mayor que lo que realmente se invirtió,” comentó, subrayando la gravedad de la situación.

Finalmente, es crucial notar que tanto Pilar Cisneros como el presidente Rodrigo Chaves han sido críticos constantes del fiscal Carlo Díaz, participando incluso en protestas donde se demandó su renuncia. Este clima de tensión y acusaciones demuestra cómo el panorama político en Costa Rica está marcado por la incertidumbre y la controversia, especialmente en lo que concierne a la administración pública y la rendición de cuentas.