La Corte Suprema ha tomado la decisión de enviar a la Asamblea Legislativa una acusación formal contra el subdirector general oficial Alexander Barrantes, centrando el debate en su desempeño relacionado con la privacidad. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de Barrantes en su cargo y sobre el proceso judicial que podría seguir.
Con la solicitud del poder judicial, se deben evaluar alternativas si el legislador, en este caso Barrantes, decide no renunciar. Esto podría llevar a la revocación de la jurisdicción que actualmente posee, permitiendo así que el caso pueda ser llevado a juicio. En la práctica, esto significa que la Asamblea podría verse obligada a actuar en un plazo determinado para resolver esta cuestión.
«Según lo estipulado por la legislación y las regulaciones del Parlamento, debemos iniciar el proceso para discutir el levantamiento de la inmunidad del legislador, debido a una acusación de soborno inapropiado relacionada con un cambio de castigo», afirmó el ministerio público en un comunicado de prensa emitido el miércoles. Esta declaración subraya la seriedad del asunto en cuestión y la necesidad de seguir el procedimiento adecuado.
La Fiscal General, Carlo Díaz, formuló cargos contra Barrantes en enero de este año, basándose en incidentes que ocurrieron en noviembre de 2022. Se ha alegado que Barrantes invitó a la Embajada al representante adjunto del Frente Amplio, Sofía Guillén, a cambio de su apoyo para aprobar un importante Proyecto conocido como Eurobone. Esta acción del subdirector ha suscitado una gran polémica y muchas reacciones críticas.
«Al comienzo de esta sesión, el diputado Alexander me ofreció cargos y embajadas a cambio de apoyar los Eurobons. Debo decir que esta situación me dejó completamente en estado de shock y, además, me ofendió. La población no me eligió para que facilite estas transacciones», expresó Guillén, mostrando así su firme posicionamiento en contra de la mala práctica que se le atribuye a Barrantes.
En este contexto delicado, la Oficina del Ministro de Justicia ya había presentado una acusación formal que respalda la solicitud de levantar la inmunidad del subdirector. Esta acción es vital para que se pueda dar inicio a cualquier procedimiento judicial, dado que la inmunidad legislativa le confiere protección en ciertas circunstancias.
«Como se concluyó durante la fase de investigación, se ofreció una opción desproporcionada para el uso indebido de la función pública o para aquellos que se ven involucrados en el delito que está en discusión. Ese mismo día, el diputado condenó los hechos», se mencionaba en el comunicado oficial. Este tipo de declaraciones por parte de la Fiscal General evidencian la gravedad de las acusaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=gtbiltobx-0
Siga más: Oficial Adjunto de Frente Amplio Queja a Legislativa Pública
La oficina del fiscal general como demandante
El hecho de que este sea un asunto que involucra a un miembro del Parlamento con la Autoridad Suprema implica que se debe seguir un procedimiento especial para manejar la acusación. La intervención del Secretario de Justicia es crucial en este proceso.
«Cuando el Secretario de Justicia acusa a un individuo con inmunidad, debe enviar el documento a la Corte Suprema, de manera que se investigue y analice para determinar si la sesión legislativa debe iniciar el proceso para levantar esta jurisdicción especial», explicó el Ministerio del Ministerio Público, enfatizando la necesidad de seguir los protocolos adecuados en situaciones de este tipo.
Después de llevar a cabo este análisis meticuloso, los magistrados anunciaron su decisión el miércoles y procedieron a enviar la solicitud a la sesión legislativa, donde se discutirá el asunto de manera más formal.
El proceso se llevará a cabo en una reunión del Comité Legislativo, donde se definirá una fecha para discutir la solicitud presentada por el tribunal en relación con el Ministerio Público. Esta será una etapa crucial para hacer avanzar el caso y proporcionar claridad sobre el futuro de Barrantes.
Además, el Ministerio Público dejó claro que la oficina del Ministro de Justicia actúa tanto como un demandante como un actor civil en este caso, lo que añade otra capa de complejidad a la situación actual.
