Los agentes de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) han llevado a cabo una serie de 22 operativos relacionados con las investigaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas al acuerdo de la pista del aeropuerto de Liberia. Esta serie de acciones culminó con el arresto del exministro Mauricio Batalla, quien ha estado bajo la lupa de las autoridades en relación con la gestión de fondos y procedimientos de emergencia que involucran este aeropuerto.
El ex funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Mauricio Batalla, fue detenido por agentes del OIJ en su hogar, lo que subraya la seriedad de las acusaciones en su contra. Según los reportes, la detención se llevó a cabo en horas de la mañana, específicamente a las 8:30 del martes 13 de mayo. Este evento ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y en la opinión pública, dado el perfil del arrestado y la implicación de otros funcionarios de alto rango.
Durante estos operativos, también fueron arrestados otros individuos clave en este caso, lo que añade más complejidad a la situación. Entre ellos se destacan:
- Alejandro Picado, quien ocupa el cargo de presidente del CNE.
- Marcos Castillo, actual Director de Aviación Civil.
- Un hombre de nombre Villalobos, cuya conexión exacta con los eventos aún se clarificará a medida que avance la investigación.
Investigación
Las investigaciones que se están llevando a cabo están relacionadas con una serie de presuntas irregularidades en la declaración de emergencia que se hizo para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia. Este caso se está examinando bajo el archivo número 24-000454-1218-PE, donde se han presentado varios documentos y evidencia que sugieren un posible abuso de poder.
El cuerpo acusatorio ha indicado que la declaración de estado de emergencia estaba falsamente justificada. Se alegó que los daños a la pista eran resultado de un fenómeno meteorológico, específicamente del capó de tormenta tropical y otras ondas que se presentaron en 2022. Sin embargo, las investigaciones revelan que los daños podrían haber sido el resultado de una serie de condiciones preexistentes y no exclusivamente de fenómenos naturales, lo que levanta serias dudas sobre la legitimidad del proceso.
Este tipo de declaración de emergencia permitió la modificación de una decisión ejecutiva, facilitando así la inclusión de Liberia en una emergencia nacional, lo que, a su vez, desencadenó un contrato de $39.9 millones. La entrega de recursos durante una emergencia permite que los procedimientos de trabajo sean simplificados; se requieren menos formalidades y la ejecución se puede llevar a cabo en el menor tiempo posible, lo que resulta en la activación inmediata de recursos sin la necesidad de un visto bueno previo del controlador general de la República (CGR).
