El Director de la Agencia de Investigaciones Judiciales, Randall Zúñiga, ofreció recientemente una declaración significativa acerca de una operación que llevó a cabo 23 redadas en relación con un caso que ha captado la atención pública durante algún tiempo. Esta operación se enmarca dentro de la continua disputa entre Mauricio Batalla, ex ministro del MOPT, y Alejandro Picado, presidente del CNE, concerniente al acuerdo sobre la pista del aeropuerto de Liberia. Esta contienda ha llamado la atención por las implicaciones que tiene para la administración pública y la transparencia en la gestión de proyectos gubernamentales.
Dentro de las acciones del OIJ, se reportaron varios arrestos, que incluyen:
- Mauricio Batalla, quien ocupó el cargo de ministro de MOPT.
- Alejandro Picado, actual presidente del CNE.
- Un hombre identificado como Castillo.
- Otro individuo conocido como Villalobos.
Las detenciones se llevaron a cabo en la localidad de Curridabat, específicamente en la residencia de Mauricio Batalla, marcando un punto crítico en la investigación en curso. Las imágenes y videos del operativo han comenzado a circular, generando un gran interés y debate entre los medios de comunicación y el público en general.
Investigación
Las indagaciones realizadas por las autoridades están estrechamente relacionadas con una serie de presuntas irregularidades asociadas con la declaración de emergencia que se emitió para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia. Este asunto se está tratando bajo el número de archivo 24-000454-1218-PE. Las acusaciones sugieren que la declaración de emergencia estaba fundamentada en pruebas engañosas, ya que se alegó que los daños a la pista fueron consecuencia del paso de una tormenta tropical y varias ondas tropicales que tuvieron lugar en 2022. Sin embargo, se alega que estos daños no fueron resultado de fenómenos naturales, lo que ha llevado a examinar la veracidad de la información presentada.
Esta situación permitió alterar decisiones ejecutivas y añadir Liberia a la lista de emergencias que afectaron al país, facilitando así un contrato de $39.9 millones. Uno de los aspectos más críticos de la liberación de fondos en situaciones de emergencia es que simplifica los procedimientos para la realización de obras necesarias, permitiendo que se lleven a cabo en el menor tiempo posible. Esto implica una disponibilidad inmediata de los recursos financieros y elimina la necesidad de obtener la aprobación previa del controlador general de la República (CGR), lo que puede generar preocupaciones sobre la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
