Con el respaldo de 45 suplentes, el Movimiento Progresista (MP) avanzó en el primer debate sobre la controvertida segunda autoridad legislativa, correspondiente al proyecto de ley que pretende facilitar el progreso de Costa Rica en casos donde se acusó a ciudadanos de terrorismo o contrabando de drogas en otras naciones. Este paso fue impulsado por un creciente descontento hacia las decisiones del poder ejecutivo, reflejando la intención del parlamento de tomar las riendas en la discusión del proyecto de ley 23,701.
El objetivo de esta legislación es claro: pretende evitar que nacionales de otros países, que se encuentren en suelo costarricense, cometan delitos y se escuden tras su nacionalidad para eludir la extradición. En este contexto, se estima que entre 30 y 35 personas están bajo la supervisión de autoridades de otras naciones debido a su involucramiento en actividades delictivas como el narcotráfico y el terrorismo. Estos datos fueron proporcionados por Gilberto Campos, quien se basó en las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) decidió no utilizar el tiempo asignado para discutir la iniciativa, favoreciendo así una rápida aprobación del proyecto. De esta manera, ninguno de los nueve representantes de esta agrupación participará activamente en la discusión del tema. Alejandro Pacheco, líder de la unidad, enfatizó que «estos son los mensajes más claros y contundentes que podemos ofrecer a los ciudadanos: que esta sesión legislativa está dedicada a trabajar por la seguridad de los costarricenses».
Por su parte, Priscilla Vindas, del Frente Amplio, reconoció que su partido no tenía una posición firme en contra del plan cuando fue presentado inicialmente. Sin embargo, tras expresar sus dudas respecto al término «terrorismo», acordaron seguir analizando el contenido de la legislación. La principal inquietud reside en si el gobierno podrá llevar a cabo un servicio adecuado durante la implementación de esta norma.
Vindas hizo hincapié en que existirán procedimientos necesarios en Costa Rica antes de que se pueda aplicar esta reforma, dejando claro que el proyecto no resolverá de manera directa el problema de inseguridad en el país.
Gloria Navas, diputada independiente, justificó su voto a favor de la medida, argumentando que las reformas constitucionales deben reforzarse en situaciones donde se confirmen derechos fundamentales relacionados con la seguridad nacional, así como los derechos básicos en relación a la salud y vida de los ciudadanos. Además, afirmó que se garantizarán «garantías constitucionales» para los costarricenses que enfrenten extradiciones.
Con la aprobación de las reformas, se validará el artículo 32 de la constitución política, el cual establece lo siguiente:
«Artículo 32- No se puede ver a los ricos de costos a abandonar a National, excepto en casos de contrabando de drogas internacional o terrorismo, si se ha otorgado la asignación de tribunales, con un apego estricto a los derechos y procedimientos fundamentales reconocidos en esta constitución,»
¿Cómo funciona?
Es importante señalar que, dado que se trata de una reforma constitucional, el proceso es más extenso y requiere de un mayor número de discusiones dentro del MP. Esta iniciativa de ley ya fue aprobada en el segundo debate de la Primera Autoridad Legislativa en noviembre del año anterior, lo cual marca un avance significativo en su tramitación.
Después de completar este proceso, el siguiente paso es que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la incluya en su informe de trabajo. Este hito se concretó el lunes 5 de mayo, momento en el que Chaves expresó la necesidad de implementar leyes más rigurosas y efectivas, subrayando la importancia de sanciones severas para aquellos que contratan menores en actividades delictivas o que participan en la destrucción de evidencias relevantes.
El presidente también mencionó que se debe permitir la extradición de costarricenses involucrados en actividades relacionadas con el terrorismo o delincuencia organizada, dando seguimiento al documento número veintecientos setecientos uno, que actualmente se discute en esta sesión. La normativa requiere un proceso donde se realicen el primer, segundo y tercer debate en la segunda autoridad legislativa, que deben llevarse a cabo consecutivamente. Si en el lunes se aprobó en el primer debate, el segundo tendrá lugar el martes y el tercero se completará el miércoles.
Para que la reforma prospere, es necesario conseguir al menos 38 votos en un plazo de tres días. Cabe recordar que el periodo legislativo abarca del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente, constituyendo el marco de la actividad legislativa correspondiente.
