Rodrigo Chaves, junto con la Ministra de Planificación, Marta Esquivel, han expresado su preocupación acerca de un nuevo proyecto de ley que afecta directamente al sistema de pensiones. Este proyecto, que reviste una gran importancia, se convierte en el primer mandato relacionado con la figura del Defensor del Pueblo. En este contexto, se ha presentado una propuesta que sugiere la rescisión del Fondo de Pensiones Judiciarias, lo que ha generado un amplio debate.
La ministra Esquivel comentó: «Para la tranquilidad de muchos, y dado que este gobierno está comprometido en resolver los problemas surgidos por la actual legislatura, si consideramos que la ley es conveniente, ya hemos diseñado una propuesta que podríamos presentar para rescindir el fondo de pensiones del poder judicial y, de esta forma, contribuir al sostenimiento del fondo de pensiones para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).» De esta manera, aquellos pensionados ingresarían a este sistema que tiene como objetivo brindar protección en caso de discapacidad, vejez o fallecimiento.
Chaves, por su parte, criticó enérgicamente la decisión de aceptar esta iniciativa, al señalar que no se ha precisado de dónde provendrán los fondos para financiar estas jubilaciones. Este tipo de incertidumbre resulta preocupante, especialmente para los funcionarios judiciales, a quienes se les ha exhortado a estar alertas ante la inminente eliminación de esta pensión para un grupo específico.
El martes, el presidente Chaves ratificó la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, la cual contempla la reducción de la edad de jubilación del Tribunal de Justicia, permitiendo que algunos puedan renunciar a sus funciones a partir de los 55 años. Esta propuesta original fue presentada en 2021 por Donoulescu, quien se desempeñaba como CEO Adjunto, y fue promovida por la diputada Alejandra Larios durante esas deliberaciones.
El 22 de abril se aprobó la permanencia de 40 suplentes en la normativa, aunque dicho fallo recibió una votación en contra por parte de diversos sectores. Un grupo de legisladores ha manifestado su interés en recobrar estas leyes, movilizando esfuerzos para lograrlo.
Las razones
Durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles, el gobierno explicó las razones detrás de su veto al proyecto de ley. La ministra Esquivel subrayó que la estructura de gobernanza planteada violaría el Artículo 33 de la Constitución Política, generando desigualdad entre los funcionarios del poder judicial y los miembros de la policía.
Además, la ministra indicó que el Fondo de Pensiones Judiciales se encuentra en una situación crítica desde 2017, año en el que se introdujeron modificaciones necesarias para lograr cierta sostenibilidad. El presidente Rodrigo Chaves coincidió en que las reformas son esenciales para preservar la estabilidad que se había logrado con los cambios implementados en 2017.
En este escenario, Randall Zúñiga, director de OIJ, tomó la palabra para defender la situación actual, mencionando que en el último informe actuarial se evidenció que la solvencia del fondo alcanza el 97%. «Esto es notablemente superior al 84% que se reportó cuando se eligió a EH, el cual utilizó datos de un estudio actuarial de 2020, que fue el último en ese momento», afirmó Zúñiga, dotando de contexto a la situación actual.
El director explicó que la carga sobre la agencia judicial es considerable, mencionando que los funcionarios públicos jubilados en este momento dejan de recibir beneficios por discapacidad, viajes y fallecimientos, lo que impacta en la calidez de su pensión. En particular, para los funcionarios del OIJ, al momento de su retiro, estos continúan pagando el 13% de su contribución al fondo de pensiones.
El plan busca permitir que los agentes de OIJ usen armas y accedan a pensiones a partir de los 55 años. (Cortesía/OIJ).
Van a ir
El gobierno también justificó su postura diciendo que, con esta iniciativa, las personas cercanas a la jubilación tendrían una amplia experiencia dentro de la agencia del OIJ. Esta medida, sin embargo, podría tener un impacto negativo en la capacidad operativa y en la cohesión de la institución, ya que los funcionarios más experimentados serían quienes abandonen sus cargos. Randall Zúñiga enfatizó que estos empleados son cruciales, especialmente en el tratamiento de casos penales y en la lucha contra pandillas organizadas.
Se estima que para 2024, el Tribunal de Justicia podría advertir sobre la partida de unos 300 funcionarios especializados, quienes han sido parte de la agencia desde 2018. Finalmente, el gobierno concluyó que, dado que el Fondo de Pensiones Judiciales ha demostrado no ser sostenible, su mantenimiento debería ser cubierto a través del presupuesto nacional.
El ministro de finanzas, Nogui Acosta, argumentó: «Estos beneficios están respaldados por costos que son elevados; el poder judicial no es un sector que produzca ingresos. Su sostenimiento depende de lo que aporten los costarricenses, y es crucial que comprendamos que, cuando existen problemas en los antecedentes, eso repercute en todos los salarios de la población costarricense».
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