El reciente veto impuesto por el presidente Rodrigo Chaves a la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa para fortalecer la pensión del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) ha generado una ola de reacciones. Los suplentes han expresado sus opiniones y sentimientos acerca de esta decisión, mostrando una clara indignación y determinación de luchar por la regularización del proyecto, que consideran crucial para el bienestar de los funcionarios del OIJ.
Los protagonistas de esta historia legislativa lamentan el veto, pero están comprometidos a buscar la regulación necesaria para que el proyecto se convierta finalmente en una ley de la República de Costa Rica. La diversidad de opiniones en el ámbito legislativo ha sido evidente desde el inicio de este proceso, con múltiples voces que claman por el establecimiento de un marco legal que respalde adecuadamente a quienes trabajan en el OIJ.
Oscar Izquierdo, líder de la clase, se posicionó con firmeza al afirmar: «La decisión del Secretario y del Presidente está justificada. Este proyecto de ley era necesario y contaba con argumentos legales y numéricos que probaban su viabilidad». Además, enfatizó que los funcionarios del OIJ son vitales para la seguridad y el bienestar de los costarricenses, dejando claro que no se puede pasar por alto la importancia de garantizarles justicia y reconocimiento a su trabajo. Izquierdo ha prometido movilizar votos y esfuerzos para que la ley reciba el apoyo que necesita.
Alejandra Larios, una figura destacada en este debate, reafirmó su postura sobre la legalidad y justicia del proyecto, señalando su compromiso de buscar apoyos suficientes para su restauración. Confiada en que podrá reunir el respaldo necesario, Larios expresó: «Estoy convencida de que esto es una misión legal y justa, y sin duda buscaremos los votos para reestablecer esta ley». Es importante subrayar que, para que el proyecto sea reactivado, se necesitará un mínimo de 38 votos, ya que en su segundo debate fue aprobado con un total de 40 votos.
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«Revanchismo»
Monserrat Ruiz también hizo eco de estas inquietudes, al calificar las acciones de Chaves como un acto de «revanchismo». En su opinión, «parece que hay otra vendetta del Presidente contra el sistema judicial». Ruiz argumentó que no es casualidad que tanto su discurso como sus decisiones estén dirigidas a atacar a los partidos y entidades que investigan su administración, incluidos el Ministerio Público y el OIJ, quienes están examinando diversas acusaciones de corrupción que involucran al presidente y varios ministros.
Además, Ruiz destacó que «este gobierno ha acumulado una serie de vetos», advirtiendo que parece que continuará aplicando restricciones a la labor legislativa. Los dirigentes de la oposición, Alejandro Pacheco del PUSC y Rocío Alfaro del Frente Amplio, también lamentaron la decisión del presidente y expresaron la posibilidad de buscar ajustes a la normativa vigente. Pacheco enfatizó que, según la Constitución, se debe permitir que los agentes del OIJ se retiren a la edad correspondiente y que se trabajará para presentar este proyecto nuevamente en el ámbito legislativo.
Un miembro del Partido Social Cristiano añadió su preocupación por el hecho de que el presidente no esté brindando el apoyo necesario a los oficiales del OIJ, quienes dedican largas horas de trabajo. La intención es retomar el debate en el Parlamento y discutir los pasos a seguir para enmendar esta situación planteada por el veto del presidente.
OIJ está de acuerdo con la ley adoptada. (Archivo/la foto del observador)
El veto y el proyecto
El veto propuesto por Chaves sobre el proyecto, se basa en «razones de oportunidad, conveniencia y gobernanza». En un análisis detallado, se argumenta que la normativa contiene disposiciones que podrían comprometer los principios del sistema de justicia y afectar los derechos constitucionales. El documento enviado al Parlamento señala que la decisión fue tomada después de un examen exhaustivo de los aspectos involucrados.
En este sentido, se identificaron tres factores clave que fundamentan la conclusión del veto:
- Violaciones al principio de igualdad ante la ley.
- Lesiones a los principios de racionalidad y unidad.
- Violaciones al principio de sostenibilidad financiera.
El objetivo de la propuesta es permitir que los agentes del OIJ puedan acceder a su jubilación a los 55 años, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Un requerimiento esencial es tener al menos 30 años de servicio en la institución. Esto les habilitaría para recibir pensiones que equivalen al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, ajustados conforme al índice de precios al consumidor (IPC) de dicho período, recaudados por los servicios gubernamentales.
Además, el proyecto incluye artículos que definen los procedimientos adecuados para llevar a cabo la jubilación anticipada en caso de que no se cumplan ciertos plazos establecidos. Este aspecto del proyecto es crucial para asegurar que los derechos de los empleados del OIJ sean respetados y respaldados por un marco legal sólido y justo.
