El Gobierno de la República ha decidido ejercer su derecho al veto sobre el proyecto de ley que busca establecer una pensión temprana para los agentes de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) a partir de los 55 años. Esta acción ha suscitado reacciones diversas entre los diferentes sectores involucrados, ya que se trata de un tema que afecta directamente a los funcionarios de dicha agencia.
El texto legislativo, que fue enviado al Congreso por la iniciativa con el código 0285-2025, justifica la aplicación del veto total bajo las razones de «oportunidades, facilidad y constitucionalidad». De esta manera, el Gobierno argumenta que la normativa como se presentó no cumple con ciertos requisitos que se consideran esenciales para su aprobación.
Esta decisión fue confirmada por la presidencia del Consejo Legislativo del Grupo Extra, quien también enfatizó la importancia del proceso legislativo y la necesidad de que las leyes aprobadas sean viables y justas en su aplicación.
El mecanismo del veto se utiliza comúnmente cuando el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con una legislación que ha sido aprobada previamente por la Asamblea Legislativa. En este caso, las observaciones realizadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa el 23 de abril, señalan que había anticipado la posibilidad de ejercer el veto sobre esta ley, lo que ha generado expectativas sobre los futuros pasos a seguir por parte de los legisladores.
El proyecto
En una votación reciente, los delegados lograron aprobar el proyecto con una contundente mayoría de 40 votos a favor en el segundo debate llevado a cabo en abril. Solo siete legisladores se opusieron al proyecto que permitiría a los agentes de OIJ retirarse anticipadamente al alcanzar los 55 años de edad. Este proyecto es identificado como el archivo 22817, que incluye «Adición de artículos 226 BIS y 226 a la Ley No. 7333, Ley Orgánica del Judicial, del 5 de mayo de 1993, y sus reformas». La iniciativa fue presentada inicialmente por el ex diputado independiente Dragos Dolanescu durante el periodo legislativo anterior.
¿Cuál es la planificación de la iniciativa?
La propuesta legislativa establece un sistema en el que, si un agente cumple con la edad de 55 años, pero no con los años requeridos para jubilación, su pensión se calculará de la siguiente manera:
- Una vez que el servidor alcance la edad estipulada, la jubilación se calculará en función de su edad, siempre que esta sea de al menos 55 años.
- Además, la pensión será determinada en relación con los años de servicio, siempre y cuando el agente haya trabajado en el Poder Judicial un mínimo de diez años.
En este contexto, los delegados ahora están considerando la posibilidad de anular el veto presidencial, lo que requeriría un apoyo de al menos 38 votos en el Congreso. Esta situación se convierte en un tema clave de discusión política en las próximas semanas.
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