En el reciente mensaje anual que el presidente Rodrigo Chaves dirigió a la Corte Suprema, se hicieron presentes ciertas declaraciones controvertidas. Chaves comentó que «la expresión ofensiva que busca legitimidad en el poder judicial» ha generado desconcierto y preocupación entre diferentes sectores de la sociedad. Tales comentarios, de acuerdo a criticas, implican un cuestionamiento de la independencia judicial, algo que preocupa profundamente a quienes valoran la democracia en el país.
El día siguiente a su discurso, el martes, Aguirre, un prominente miembro del poder judicial, emitió una declaración donde contraatacó las acusaciones lanzadas por Chaves, argumentando que no solo se trataban de críticas políticas. Aguirre enfatizó: «Es deber recordar que Costa Rica es una democracia constitutiva que se basa en la división de poderes. No es una mera formalidad; hay garantías reales que impiden que un poder estatal se sobreponga a otro y todos los que ejercen el autogobierno tienen que hacerlo dentro de los márgenes establecidos por la Constitución».
Las declaraciones del presidente fueron objeto de un análisis riguroso, particularmente en lo que respecta a sus puntos sobre las decisiones tomadas por la agencia y la ausencia de evidencia que respalde sus afirmaciones. Aguirre advirtió: «Comentarios como los realizados en este discurso, donde menciona a ‘fiscales corruptos’ y sugiere la existencia de ‘redes de cuidado’ junto al uso político de la justicia, no solo son innecesarios, sino que representan un peligro para el equilibrio democrático y el respeto mutuo entre las diferentes ramas del Estado».
Concluyendo su intervención, Aguirre rechazó lo que consideró un «intento de desacreditar» al poder judicial. «Este tipo de declaraciones socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y debilitan el estado de derecho. La retórica agresiva no tiene cabida en una democracia como la nuestra», añadió con firmeza.
Los jueces dicen evitar demandas y buscar reforma
En respuesta a estas tensiones, el presidente del poder judicial expresó que la institución está en constante búsqueda de mejorar sus procesos. Declaro: «El poder judicial es consciente de los desafíos estructurales y de las expectativas legítimas de los ciudadanos por mejoras. Estamos comprometidos a avanzar en términos de eficiencia, transparencia y cercanía al pueblo. Sin embargo, es crucial que estos esfuerzos respeten nuestra autonomía y no transformen el debate público en una lucha institucional».
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Al final, Aguirre hizo un llamado a reducir las tensiones. «No estamos buscando colisiones. Nuestro enfoque y deber se centra en mejorar la justicia y continuar colaborando con los servicios del país», manifestó.
Lo que dijo el presidente sobre la justicia
Durante su intervención el 5 de mayo, el presidente Chaves planteó importantes cuestionamientos sobre el sistema judicial actual. Acusó a los últimos tres fiscales generales de proceder de manera arbitraria y de actuar bajo motivaciones poco claras. Dijo que las decisiones en esos casos estaban «tan obscuras que solo Dios sabe qué incentivos están detrás de su aplicación».
El presidente enfatizó la falta de investigación eficaz en casos de corrupción que involucran a figuras políticas, denunciando la existencia de «redes de protección» que operan con gran astucia, casi como un lujoso mecanismo suizo, para salvaguardar ciertos intereses económicos.
Además, Chaves fue contundente al afirmar que dentro de la oficina del fiscal «no hay justicia para todos», expuso que muchos casos de corrupción «permanecen unidos en el olvido y nunca alcanzan un veredicto». Estas críticas van de la mano con la disputa pública que ha tenido con el actual Ministro de Justicia, Carlo Díaz, a quien ha calificado en varias ocasiones de «corrupto» y «títere del crimen organizado».
El mandatario también instó a diputados y magistrados a reflexionar sobre el legado que desean dejar, exhortándolos a no permanecer en un sistema que, según él, protege lo «intocable» y permite que la justicia carezca de equidad y objetividad. Señaló que, a menos que se implemente un cambio significativo dentro del poder judicial y la fiscalía, Costa Rica continuará atrapada bajo la influencia de intereses especiales que dan forma a una red de corrupción muy bien establecida.
