En el segundo debate legislativo, y tras obtener el apoyo de 43 alternativas, la sesión del miércoles ratificó la aprobación del documento número 24,311, que establece un protocolo destinado a la protección de mujeres de edad legal que puedan desaparecer. Este significativo avance busca abordar de manera integral el problema creciente de la desaparición de mujeres en el país.
La iniciativa, conocida como «Kimberly Alert», surge a raíz del trágico femicidio de Kimberly Araya, una mujer de 33 años y madre de tres hijos, quien estuvo desaparecida durante una semana antes de que su cuerpo fuera encontrado en la zona de Jadri 32, cerca del túnel Zurquí. Este caso conmocionó a la sociedad costarricense y puso de manifiesto la urgente necesidad de medidas eficaces para prevenir y atender la desaparición de mujeres.
La propuesta fue impulsada por la diputada del Partido Cristiano Social, Maria Marta Carballo, quien enfatiza la importancia de proteger a las mujeres y ofrecer un entorno más seguro en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una problemática alarmante. La legisladora indicó que este protocolo proporcionará una respuesta institucional más rápida y eficaz a los casos de desapariciones.
La nueva ley fue ratificada el mismo día en que autoridades judiciales buscaban a otra mujer desaparecida, identificada como Rashab García, quien fue vista por última vez acompañada de una amiga. En un giro desafortunado de acontecimientos, el novio de la desaparecida fue arrestado tras encontrar evidencia de sangre en su hogar, aunque todavía no se ha formulado ninguna acusación específica en su contra.
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El proyecto fue presentado por el subdirector de Pusc.
El alcance
La propuesta para la creación del protocolo nacional se organiza en tres etapas cruciales, implicando la colaboración de diversas entidades, incluidos la policía local, la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), el escuadrón público, la Policía Fronteriza y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Este esfuerzo busca crear una red interinstitucional que garantice una respuesta coordinada ante desapariciones, facilitando la comunicación efectiva entre las autoridades.
El protocolo tiene como objetivo prevenir la desaparición, garantizar búsquedas activas y monitorear de cerca los casos, tanto los que se han resuelto como los que siguen sin respuesta. Además, se asegura el acompañamiento institucional de las familias y los círculos cercanos a las víctimas, lo que es vital para brindar soporte emocional y logístico en momentos de crisis.
El texto del protocolo establece tres instrumentos básicos que facilitarán su implementación:
- La intervención en la comunicación y el acceso a documentos privados cuando exista una sospecha razonable de que un individuo posee información relevante para la resolución del caso en cuestión.
- La distribución obligatoria y gratuita de advertencias a través de medios de comunicación y plataformas digitales, no solo en casos de mujeres desaparecidas, sino también en aquellos que aún no han sido resueltos, lo que incrementa la visibilidad de estos temas en la sociedad.
- La restricción de salida del país para las personas notificadas o que no han sido localizadas, una medida que busca evitar que potenciales sospechosos puedan huir antes de que se establezcan hechos claros.
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