La Oficina del Fiscal Adjunto de Probabilidad, Transparencia y Anti-Corrupción (FAPTA) ha presentado formalmente una acusación y ha solicitado la apertura del juicio en contra del ex diputado Erwen Masís Castro.
Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público, la acusación contra Masís se fundamenta en delitos relacionados con la violación de deberes y la legislación, evidenciando una administración en su propio beneficio.
Los hechos que se le imputan ocurrieron el 17 de septiembre de 2020, en el marco de una sesión extraordinaria convocada para discutir temas de compensación legislativa.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, “el ex diputado votó a favor de un movimiento de apelación que pretendía anular una sanción administrativa impuesta por la presidencia del Congreso. Esta sanción se relacionaba con la no percepción de la dieta correspondiente a la sesión, dado que se comprobó que Masís había ingresado al recinto legislativo después del cierre de puertas, lo que precluded la existencia de quórum necesario para llevar a cabo la reunión.”
Las implicaciones de esta conducta son serias. El Ministerio Público expone que “debido a su responsabilidad en el proceso legislativo, el ex diputado debió participar en la votación correspondiente, dado que su decisión tenía un interés económico directo. Sin embargo, optó por votar para eliminar la sanción, lo que resultó en el pago de la dieta a su favor para esa fecha.”
Este caso se maneja bajo el archivo número 22-000370-1218-PE, donde se detallan todas las evidencias y argumentos presentados por la FAPTA para sustentar sus acusaciones. La gravedad de la situación pone de relieve las implicaciones de los actos de corrupción y la falta de transparencia en el ámbito legislativo.
Por otro lado, el medio Extra Grupo intentó localizar al ex diputado Masís para que ofreciera su versión sobre el asunto reportado, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta a las consultas realizadas. Esto deja en el aire la posibilidad de una defensa o justificación por parte del acusado frente a las acusaciones que han surgido en su contra.
El desarrollo del caso es de gran relevancia no solo para el ex diputado, sino también para el público en general, ya que refleja un aspecto crítico de la administración pública y la necesidad de mantener la ética en las instituciones. La comunidad espera un proceso justo y transparente que arroje luz sobre las acusaciones, así como sobre la conducta de sus representantes en la Asamblea Legislativa.
