A primeras horas del día, a partir de las 06:00, un grupo decidido de mujeres, junto con miembros de su familia, se congregó frente a la prisión con el objetivo de llevar a cabo una reforma significativa en el sistema carcelario actual. Esta manifestación surge como respuesta a las recientes medidas que han perjudicado a las personas privadas de libertad desde el miércoles anterior. La ocasión es, sin duda, un momento crucial para alzar la voz en favor de quienes enfrentan la privación de su libertad.
Con una variedad de carteles, pancartas y banderas que representaban a Costa Rica, los manifestantes hicieron sentir su presencia en el lugar, enfatizando un mensaje claro: a pesar de encontrarse en la cárcel, los prisioneros también tienen derechos que deben ser respetados. Las mujeres, en su mayoría familiares de los reclusos, quieren que se reconozca la dignidad que cada ser humano posee, independientemente de su situación legal.
Los mensajes en las pancartas se enfocaron en una serie de demandas que reflejan las problemáticas más urgentes dentro del sistema penitenciario. Se expresaron peticiones sobre las visitas generales y también se mencionó la inaceptable realidad de que los menores de edad no pueden ingresar al centro penal para visitar a sus padres. Esta situación, que afecta la estabilidad emocional de muchos niños, pone de relieve la necesidad de una revisión profunda de las políticas que rigen las visitas en los centros penitenciarios.
Una de las exigencias más destacadas durante la protesta fue dirigida hacia el Ministro de Justicia, Gerald Campos, y al presidente Rodrigo Chaves, respecto a una estigmatización que afecta a las mujeres que asisten a las visitas íntimas, siendo injustamente catalogadas como prostitutas. Este tipo de comentarios no solo deshumaniza a estas mujeres, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y opresión social hacia aquellas que buscan mantener un vínculo con sus seres queridos encarcelados.
Adicionalmente, las autoridades han implementado una serie de controles a la entrada de la prisión, donde docenas de funcionarios públicos se encuentran revisando minuciosamente a aquellas personas que desean acceder a la instalación. Esta operación no solo busca reforzar la seguridad, sino que también crea un ambiente tenso y restrictivo, que impacta negativamente en las familias que únicamente desean brindar apoyo y amor a sus seres queridos.
En el interior de la cárcel, se ha mencionado que muchos internos han iniciado una huelga de hambre como forma de protesta ante las severas medidas que se han impuesto, las cuales limitan drásticamente sus derechos fundamentales. Estas restricciones incluyen el acceso a visitas íntimas, la cantidad de alimentos que pueden recibir y la frecuencia de las llamadas desde teléfonos públicos, medidas que han sido impuestas por el Ministerio de Justicia y Paz. Este contexto de descontento dentro de los muros de la prisión podría desembocar en incidentes graves si no se actúa de manera oportuna y justa.
