El gobierno de Costa Rica ha tomado una serie de acciones significativas para abordar los bloqueos de tráfico que se llevaron a cabo el jueves pasado, y que fueron consecuencia de las protestas organizadas por familiares de los prisioneros alrededor del Centro Penitenciario de Los Ángeles. Estas manifestaciones fueron una respuesta a las decisiones recientes del gobierno relacionadas con la reducción de beneficios otorgados a los internos de máxima seguridad, que incluyen la restricción de visitas familiares, visitas conyugales y el número de llamadas telefónicas permitidas.
A las primeras horas de la mañana del jueves, un grupo de protestantes se congregó en las inmediaciones de este centro penitenciario, creando obstrucciones en las carreteras adyacentes. Según el director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, el propósito de la manifestación era interrumpir el tráfico, lo cual generó la necesidad de una intervención para restaurar el orden público. Cubillo afirmó: «Cuando esperábamos hacia adelante, observamos a un grupo de personas que obstaculizaban el tráfico libre, continuamos haciendo la intervención y garantizando el orden público». Enfatizó que el poder público no cedería ante estas acciones y que se tomarían medidas estrictas para asegurar que las vías de acceso alrededor del Centro Penitenciario de Los Ángeles permanezcan despejadas y operativas.
La situación ha suscitado una serie de dispares opiniones dentro de la sociedad costarricense. Por un lado, hay quienes apoyan las acciones del gobierno, argumentando que la restricción de ciertos beneficios para los reclusos de alta seguridad es necesaria para mantener la justicia y la seguridad pública. Por otro lado, muchos familiares de los prisioneros y activistas de derechos humanos argumentan que las limitaciones impuestas son desproporcionadas y afectan el bienestar emocional de los internos, quienes necesitan mantener algún tipo de conexión con sus seres queridos, incluso desde detrás de las rejas.
Para la Fuerza Pública de Costa Rica, la prioridad es garantizar la seguridad en las vías públicas y prevenir cualquier tipo de alteración del orden. En este contexto, el gobierno ha reiterado que no permitirá que los bloqueos de carreteras afecten la vida cotidiana de los ciudadanos. «El poder público no permitirá el impedimento de las carreteras alrededor del Centro Penitenciario de Los Ángeles», agregó la institución, comprometiéndose a hacer cumplir la ley sin excusas.
Para quienes deseen profundizar en este tema, pueden leer más sobre cómo la justicia ha reducido las visitas de cónyuges en estas instalaciones de máxima seguridad, lo que ha sido un punto focal en la controversia que rodea a este asunto.
