La Reunión legislativa de Costa Rica aprobó el pasado miércoles, con un abrumador total de 44 votos a favor, el primer debate de una significativa propuesta de ley conocida como «Ley de Kimberly». Este desarrollo legislativo resulta de una necesidad urgente en el país para mejorar la respuesta ante casos de mujeres desaparecidas, abordando un problema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad costarricense.
La iniciativa busca, entre otros aspectos, que los medios de comunicación estén obligados a emitir advertencias oportunas y efectivas sobre la desaparición de mujeres. De esta manera, se pretende no solo aumentar la visibilidad de estos casos, sino también facilitar el proceso de localización de las personas desaparecidas.
El enfoque principal de la «Ley de Kimberly» es establecer una advertencia nacional obligatoria, acompañada de un protocolo de acción rápida que se debe activar antes de que se declare oficialmente la desaparición o la imposibilidad de ubicar a una mujer mayor de edad en el territorio costarricense. En este contexto, la legislación también se refiere a lo que se conoce como «ley de alerta y acción rápida» en relación a estos casos.
El nombre de esta ley rinde homenaje a la joven madre Kimberly Araya, quien fue cruelmente asesinada en abril de 2024, presuntamente a manos de su esposo. Su trágico caso conmocionó al país cuando su cuerpo fue encontrado en la Ruta 32, poniendo de manifiesto la urgencia de crear mecanismos más eficaces de protección y reacción ante situaciones similares.
El proyecto de ley fue presentado por María Marta Carballo, quien lidera la fracción del Partido Cristiano de la Unidad Social (PUSC). Su trabajo tiene como objetivo establecer procedimientos y acciones inmediatas que permitan a las instituciones colaborar de manera efectiva en la prevención, atención, resolución y monitoreo de cada caso de desaparición o localización de mujeres adultas en el país.
En lo que respecta a los medios de comunicación, la normativa contemplará la emisión de advertencias de forma gratuita y con carácter urgente. Se establece que las advertencias deberán incluir información crucial, como el nombre completo de la mujer desaparecida, su edad, imágenes recientes, la última vestimenta que llevaba y el lugar donde fue vista por última vez, así como un contacto para reportar cualquier información relevante que ayude en la resolución de cada caso.
Asimismo, la legislación propone la posibilidad de intervenir comunicaciones y acceder a documentos privados en aquellos casos donde existan indicios de que alguien tiene información valiosa para aportar a la investigación.
Sanciones
El texto legislativo también prevé la implementación de sanciones a aquellos actores que no cumplan con las disposiciones establecidas en esta ley:
- Las irregularidades pueden conllevar una suspensión de cinco hasta treinta días por el incumplimiento de la obligación de reportar una desaparición o la falta de localización de una mujer adulta.
- Se contemplan multas que pueden incluir de uno a cuatro años de inhabilitación para el funcionario público que no ejecute o retrase las acciones requeridas por esta legislación.
Este proyecto de ley ahora está pendiente de su segundo y último debate, programado para llevarse a cabo el 29 de abril, lo que marcará un paso crucial en la lucha por la seguridad y protección de las mujeres en Costa Rica.
