El gobierno de Costa Rica ha dado a conocer una serie de nuevas medidas que impactan la libertad de aquellos que se encuentran en prisión, anunciando cambios significativos en la forma en que se gestionan los derechos de los reclusos. Este anuncio fue realizado el pasado miércoles por el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, quien destacó los principales puntos de esta reforma en una intervención pública.
Las medidas más relevantes que se introducen son las siguientes:
- Los prisioneros podrán recibir paquetes una vez al mes, limitándose exclusivamente a artículos esenciales, en lugar de la frecuencia diaria que se permitía anteriormente.
- Las visitas familiares se verán reducidas, pasando de ser semanales a realizarse una vez al mes, lo que afectará gravemente la posibilidad de contacto con sus seres queridos.
- Las visitas conyugales también han sido afectadas, cambiando de una frecuencia quincenal a una cada dos meses, lo que genera un impacto adicional sobre las relaciones personales de los internos.
- Además, las llamadas telefónicas se limitarán a un tiempo máximo de 10 minutos por semana, restringiendo aún más la comunicación con el exterior.
En una entrevista reciente con Radio Extra, donde discutía el nuevo programa matutino, el Ministro Campos manifestó que «El sistema está desactualizado» y que esta situación los llevó a tomar decisiones consideradas necesarias. Explicó que se manejaban estructuras viejas y deterioradas, así como un sistema legislativo considerado obsoleto, que si bien protegía ciertos derechos de los reclusos, también representaba un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las víctimas de delitos en el país. «Esto nos llevó a tomar varias medidas en esta administración,» agregó el funcionario, subrayando la urgencia de la situación.
ONG – Puntos de vista
La comunidad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no ha tardado en responder a estas medidas. Rafael Ángel García, representando a una Asociación de ONG dedicadas a apoyar a los prisioneros y sus familias, fue contundente en el programa, argumentando que estas nuevas regulaciones constituyen violaciones a los derechos humanos.
«Nosotros, como ONG, estamos implementando, a través de nuestro departamento legal, recursos inconstitucionales para la violación de los derechos humanos», afirmó García, expresando su profunda preocupación por el impacto que estas limitaciones tendrán sobre la vida de los reclusos.
Un argumento recurrente que se ha presentado por parte de los defensores de los derechos humanos es que «aquí no es El Salvador», sugiriendo que las reformas implementadas podrían llevar a situaciones similares a las que se viven en otros países de la región, donde las condiciones penitenciarias son extremadamente severas y a menudo inhumanas.
En respuesta a las nuevas medidas, García anunció que los familiares de los prisioneros han decidido organizar una serie de protestas en lugares estratégicos. «Los miembros de la familia de los que están privados de libertad llevarán a cabo manifestaciones en las afueras de las prisiones, así como frente a la casa presidencial y el Ministerio de Justicia y Paz. Además, los presos estarán en huelga de hambre dentro de las cárceles de Costa Rica,» enfatizó, manifestando la gravedad de la situación y buscando visibilizar el descontento de las familias afectadas.
Mientras tanto, el gobierno continúa trabajando en la construcción de una nueva prisión, lo que podría ofrecer soluciones a algunos de los problemas existentes, aunque muchos cuestionan si estas medidas abordan adecuadamente la necesidad de reformas más integrales en el sistema penitenciario.
