La reciente sesión legislativa, que se llevó a cabo el pasado jueves, culminó con la aprobación de un decreto importante que incorpora una serie de leyes para sancionar a aquellas personas que ingresen, de manera ilegal, teléfonos móviles, dispositivos satelitales u otros medios de comunicación electrónicos en los centros penitenciarios de Costa Rica. Este conjunto de medidas está codificado bajo el número de expediente 24,162 y busca abordar un problema alarmante que ha afectado a la seguridad dentro de estas instituciones.
El proyecto, presentado por las autoridades gubernamentales, había sido discutido previamente y fue oficialmente declarado en el mes de octubre del año anterior. Durante la última semana, el documento fue sometido a un primer debate en el Legislativo, logrando finalmente la aprobación necesaria con el respaldo de 41 votos a favor. Esta implementación es un paso significativo en la lucha contra la criminalidad y los actos delictivos que se han visto favorecidos por el uso indebido de dispositivos de comunicación en las prisiones.
La ley establece penas de prisión que oscilan entre dos y cuatro años para aquellos que sean sorprendidos introduciendo ilícitamente estos dispositivos de comunicación en los recintos cerrados. Este texto legislativo incluye un importante apartado que estipula:
«Se impondrá la multa de dos o cuatro años de prisión a quien, de manera ilegal o no regulada, posea, presente, facilite o adquiera de cualquier forma la entrada a una institución penitenciaria de teléfonos móviles, satélites u otros tipos de equipos de comunicación, así como sus componentes técnicos y tarjetas SIM».
En Costa Rica, numerosos individuos se han vuelto víctimas de fraudes perpetrados a través de llamadas realizadas por delincuentes desde dentro de las cárceles, en gran parte debido a que los prisioneros reciben teléfono móviles, muchas veces gracias a la visita de familiares o amigos. Hasta ahora, las sanciones a estas prácticas habían sido bastante limitadas, lo que motivó la propuesta de este ambicioso proyecto legislativo.
Las consecuencias penales aumentarán en un tercio si la persona que introduce el teléfono móvil en la prisión es un funcionario público, así como también si se trata de proveedores de servicios o productos que operan en las oficinas de los centros penitenciarios. Además, los abogados que utilicen sus profesiones para llevar a cabo acciones similares, o cualquier otra persona a quien se le haya otorgado un permiso específico para el ingreso, se enfrentan a repercusiones severas si no cuentan con la debida autorización.
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La votación fue unánime.
