Este miércoles, la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) reportó un total de cuatro ataques que involucraron a un funcionario del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), quien estaría vinculado a un presunto tirador de dinero. Este suceso ha conmocionado a la comunidad y ha llevado a las autoridades a fortalecer su presencia en el área.
Las investigaciones realizadas por parte de las autoridades han incluido búsquedas en dos casas, un estacionamiento y en las oficinas del funcionario mencionado. Estos operativos han resultado en la incautación de cinco armas de fuego, entre ellas un AR-15, así como varias pistolas y revólveres, y se han encontrado un total de 45 mil dólares en efectivo. Este descubrimiento destaca la seriedad de la situación y la posible red delictiva en la que se involucra al funcionario.
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Dicha situación ha llevado al interior del Inder a resaltar que las autoridades están dispuestas a colaborar en todo lo necesario para facilitar el proceso de investigación. La institución ha declarado que se compromete a brindar toda la cooperación e información necesarias a las entidades responsables. Este esfuerzo por parte del Inder se enmarca en un contexto donde la transparencia y la colaboración con la justicia son fundamentales.
«El inserto repite su compromiso con la transparencia de la función pública y rechaza categóricamente cualquier acto que viole el sistema legal costarricense», sostuvo la institución en un comunicado oficial.
La investigación referente a este caso se inició en septiembre de 2024, cuando una persona señaló haber sido forzada a transferir una propiedad en un contexto que involucra al Inder. Este último se ha mantenido firme en su postura de investigar a fondo cualquier irregularidad.
Según el OIJ, el sospechoso principal estaba aparentemente solicitando un préstamo informal y se habría retrasado en uno de los pagos, lo que podría haber desencadenado toda la serie de eventos delictivos. El funcionario público arrestado estaría implicado en un esquema con el otro sospechoso para mantener la propiedad a su nombre, lo que subraya la complejidad del caso que se está investigando.
Las movilizaciones policiales del miércoles tuvieron lugar en las regiones de Paso de Canoas y en la cuesta de Corredores, zonas conocidas por su actividad comercial y social, lo que añade un mayor impacto a la seguridad local y la percepción de los ciudadanos.
