

Existe una problemática relevante en la educación costarricense que involucra el uso de tecnología, específicamente computadoras, tabletas y otros dispositivos asignados al Ministerio de Educación. Este dilema se ha generado principalmente debido a la falta de aprovechamiento de los recursos adquiridos por el Ministerio de Educación, conocido como MEP, y que fueron comprados a través de la Fundación Omar Dengo (FOD). Esta situación ha llevado a la instauración de un conflicto legal en el que el gobierno está obligado a seguir las normas y órdenes dictadas en un caso legal reciente.
Por el momento, el material tecnológico permanece almacenado en una bodega, donde se estima que el costo de su custodia asciende a 26,000 dólares mensuales, como ha señalado FOD. Otto Slesky, presidente de la organización, comunicó a Observador que están en la firme decisión de recuperar la totalidad del dinero como si fueran inversores, dado que este almacenamiento es un costo que no deberían asumir por más tiempo.
“Cuando finalmente se recoja el equipo, vamos a exigir su pago. No queremos iniciar un proceso que obstruya la retirada de los dispositivos, pues los más perjudicados serán los niños”, admitió Slesky, subrayando la gravedad de la situación.
Los desafíos se agravan debido a la discrepancia en los costos para el transporte de los materiales. El MEP sostiene que la FOD ha exigido un pago que ronda los 157,040 dólares para la movilización del equipo, que incluye gastos por la utilización de contenedores, el alquiler de grúas por cuatro semanas, y salarios durante 25 semanas para quienes estarían encargados de realizar esta mudanza.
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MEP en desacuerdo con la resolución judicial
El regulador ha cuestionado que el MEP aún no retire y utilice equipos, que son necesarios en la implementación educativa. (Imagen de CGR)
Por su parte, la Administración ha señalado que se requieren los fondos para realizar la transferencia del equipo tecnológico adquirido en 2022, momento en que el contrato con la FOD aún estaba activo. Esta conexión fue objeto de análisis por parte de la junta directiva del presidente Rodrigo Chaves.
Según el Programa Nacional de Computación Educativa, actualmente hay un equipo tecnológico en los centros educativos que no ha sido utilizado adecuadamente. En junio de 2023, la FOD aseguró que el valor calculado del equipo asciende a 15,485 millones, indicando que se trata de un total de 50,193 activos que están sin uso.
La relación entre ambas partes se rompió oficialmente en abril de 2022, y, desde entonces, la FOD ha intentado en dos ocasiones devolver el equipo al MEP. Sin embargo, el gobierno se ha negado, sosteniendo que la fundación debe asumir los gastos de transporte, un punto que se ha vuelto central en este conflicto.
El asunto llegó a los tribunales en 2023, culminando en una decisión preliminar del Tribunal de Justicia que favoreció a la FOD, señalando que el MEP debía hacerse cargo del material. En la resolución no. 2024003243, se indicó que la carga debía caer sobre el MEP.
“Dado que la fecha de entrega ha pasado y no se ha extendido el plazo, y considerando que el MEP ha recibido instrucciones para la transferencia de activos, el tribunal ha ordenado que se designe un responsable por parte del MEP para manejar el proceso”, comunicó la corte. Sin embargo, la FOD ha apelado esta decisión.
“Dado que el MEP no retira los equipos a pesar de nuestras solicitudes, hemos tenido que recurrir a la corte. Esto, en esencia, significa que necesitamos que nos devuelvan estos dispositivos, que no han sido reclamados, y que la corte ha indicado que deben ser gestionados por el actual ministro. Ella es quien se considera la responsable según la corte”, afirmó Slesky.
El equipo en cuestión se considera propiedad del estado, y, por ende, el abogado de la FOD ha reiterado la necesidad de que el MEP asuma su responsabilidad en esta situación.
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El Contralor también investiga y está al tanto del proceso
Tras esta resolución judicial, la Contraloría General de la República (CGR) ha ordenado que el MEP se haga cargo del equipo en un plazo de dos meses. Sin embargo, el ministerio ha solicitado un período de hasta 12 meses para cumplir con esta orden, lo cual fue revelado recientemente por la Contralora General, Marta Acosta.
El departamento encargado de infancia y adolescencia está explorando lo ocurrido con todos los equipos técnicos adquiridos por el MEP que hasta la fecha no han sido utilizados apropiadamente.
A pesar de que han transcurrido cuatro meses desde la resolución, no ha habido un progreso significativo en cuanto a la transferencia de los equipos, como lo ha aprobado Slesky. Ha señalado que se han realizado intentos de comunicación, pero sin éxito al llevar a cabo este proceso.
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Un panorama doloroso
Marta Acosta ha expresado su preocupación por la solicitud de más tiempo que realizó el MEP. (Asamblea Legislativa)
Ambos, tanto Acosta como Slesky, coinciden en que lo más desafortunado de esta situación es que los estudiantes son quienes no están obteniendo acceso a la tecnología. En realidad, los equipos están almacenados y no se están utilizando.
“Los equipos están distribuidos en distintas bodegas, incluyendo muchas que han sido designadas para productos de uso administrativo, en cinco contenedores que resguardan los productos, y en una bodega en MP donde se almacenan un total de 447 dispositivos de un número considerable”, explicó el director de la fundación.
Se trata de impresoras, computadoras, tabletas, proyectos, muebles de oficina y otros recursos que, al permanecer sin usar, representan una pérdida dolorosa, ya que la tecnología debería estar al alcance de estudiantes y educadores”, reflexionó Acosta.
“No solo es dramático por el valor monetario”, acotó Slesky, “sino que miles de niños y adolescentes están en necesidad urgente de tecnología, aunque sea una simple tableta o una mínima herramienta que les permita desarrollar sus habilidades digitales”.
A pesar de los intentos realizados para obtener una respuesta del ministerio, hasta el cierre de este informe no se había recibido ninguna aclaración.
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La colaboración formal entre la Fundación Omar Dengo y el MEP se rompió en abril de 2022.