El reciente anuncio del presidente Rodrigo Chaves, quien ha sugerido la posibilidad de vetar ciertas decisiones legislativas, ha generado un interesante panorama en la Asamblea Legislativa. A pesar de estas advertencias, la mayoría de los suplentes se aprobaron durante la sesión del martes, donde se registró un número total de 22.817 votos, reflejando un debate activo y decisivo.
Esta medida se enmarca dentro de las acciones que permitirán al Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial, conocido como OIJ, reforzar su proceso de jubilación, que a la fecha se establece a partir de los 55 años. Esta modificación es significativa, dado que busca garantizar condiciones adecuadas para quienes dedican su vida al servicio público, en especial para aquellos que trabajan en áreas de alta responsabilidad como la policía técnica.
Durante la votación, un total de 40 suplentes apoyaron esta propuesta, recibiendo únicamente el voto en contra del partido que actualmente está en el poder. La iniciativa fue presentada en el año 2021 por Drago Donolescu cuando era CEO, y se oficializó gracias a la gestión de la diputada Verdiblanca, Alejandra Larios, quien se mostró satisfecha con el progreso logrado.
La diputada Larios expresó: «Estamos muy complacidos con la segunda aprobación de este proyecto de ley, la cual se ha llevado a cabo con los votos requeridos». Además, se tomó un momento para reconocer y agradecer a todas las autoridades y miembros del cuerpo policial que laboran en el país. Larios enfatizó la importancia del trabajo realizado por los funcionarios del OIJ, quienes ejecutan aproximadamente 3.000 horas al año, destacando que su jornada laboral habitual se extiende hasta 12 horas diarias.
Con la nueva normativa, los funcionarios del OIJ podrán acceder a una pensión anticipada al cumplir 55 años, aunque esto viene acompañado de ciertos requerimientos. Uno de los aspectos fundamentales es que deben haber trabajado al menos 30 años dentro de la organización. Este sistema de pensiones está diseñado para proporcionar beneficios equivalentes al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, tomando en cuenta también el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo periodo, lo que permite un ajuste justo en los pagos.
Comentario adicional: los agentes iniciaron el primer debate sobre el proyecto que permitirá a los funcionarios del OIJ acceder a pensiones a partir de los 55 años.
Chaves amenazó con ejercer veto contra el proyecto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Sin años de servicio
El proyecto también incluye un artículo importante, el 226, que detalla los procedimientos para la jubilación anticipada en situaciones donde no se cumplan con el número mínimo de años de servicio requeridos. El texto expone que en el caso de que un funcionario alcance la edad correspondiente o supere el tiempo laboral, pero no complete los años necesarios, la jubilación será ajustada en proporción a los años de servicio cumplidos.
Para ilustrar, el ajuste del monto a pagar se define multiplicando la cantidad promedio especificada anteriormente por el número de años que el funcionario haya trabajado, y el resultado se divide entre 30, obteniendo así la cuantía que se le otorgará al momento de su retiro. Esta medida es fundamental para asegurar que incluso aquellos que no alcanzan el tiempo completo de servicio puedan recibir algún tipo de pensión.
La diputada Pilar Cisneros subrayó la gravedad de la situación, argumentando que sería un grave error desestimar el sacrificio que realizan tanto los policías como los bomberos que constantemente ponen en riesgo sus vidas. Refirió así la necesidad de implementar este proyecto para mejorar las condiciones de jubilación y evitar que se convierta en un impedimento para quienes arriesgan su seguridad en el cumplimiento del deber.
Si el proyecto recibe los votos necesarios para su aprobación en este segundo debate, se espera que el presidente Rodrigo Chaves proceda con su veto según las disposiciones legales, pero es crucial que el mismo se implemente para asegurar la protección de los intereses de quienes sirven de primera línea en la seguridad pública.
