La Agencia de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo un operativo que culminó en la detención de dos personas, un funcionario del Instituto de Desarrollo Rural (de ámbito interior) y un presunto prestamista. Esta actuación tuvo lugar como resultado de una investigación extensa y meticulosa que comenzó en septiembre del año 2024.
La información sobre los arrestos fue confirmada por la entidad durante la mañana del miércoles 23 de abril, destacando la seriedad del caso y la implicación de un funcionario público en actividades ilícitas.
El despliegue de la policía, que se mantuvo activo durante el operativo, resultó en la captura de:
- Un hombre identificado como Romero, de 34 años, quien es un funcionario público.
- Otro individuo conocido por el nombre de Beita, que tiene 38 años.
Los operativos se llevaron a cabo en diversos lugares estratégicos, incluyendo dos viviendas, un estacionamiento y la oficina del funcionario arrestado. Este alcance geográfico pone de manifiesto la complejidad y el alcance de las actividades investigadas.
Durante las redadas, las autoridades lograron confiscar un arsenal considerable que incluía:
- Un total de cinco armas de fuego, entre las cuales se encontraba un potente AR-15, junto con otras armas, incluyendo revólveres.
- La impresionante suma de 45 mil dólares en efectivo.
La génesis de esta investigación se remonta a septiembre de 2024, cuando una víctima presentó un caso que involucraba una propiedad que, según se alegaba, había sido objeto de fraude por parte del Instituto de Desarrollo Rural (Interior). En este escenario, se menciona que el delincuente aparentemente había solicitado un préstamo informal. Sin embargo, el mismo se habría retrasado en uno de los pagos, lo que generó una serie de complicaciones en la gestión de su propiedad.
Como consecuencia de esta situación, la víctima se sintió forzada a transferir la propiedad a la persona que le había proporcionado el crédito, un acto que despertó sospechas y llevó a la investigación en curso. El funcionario público arrestado supuestamente colaboró con el prestamista para que la propiedad terminara a nombre de este último, un acto que implica un posible abuso de poder por parte del servidor público.
El operativo del miércoles se desarrolló en áreas específicas como Paso de Canoas y en la cuesta de Corredores, lo que demuestra la operatividad y capacidad de acción de las autoridades en esas regiones. Los sospechosos se encuentran bajo la custodia del ministerio público, donde su situación legal será evaluada en los próximos días.
