En una sesión reciente, los delegados del país llevaron a cabo el segundo debate acerca de un proyecto de ley significativo que afecta a los agentes de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ). La propuesta fue aprobada con una clara mayoría de 40 votos a favor y solo siete en contra. Este proyecto tiene como objetivo permitir que los agentes del OIJ puedan retirarse de sus funciones a la edad de 55 años, una medida que busca reconocer la ardua labor y los desafíos que enfrentan en su día a día.
El documento en cuestión es el archivo 22817, conocido como «Adición de artículos 226 BIS y 226 a la Ley No. 7333, Ley Orgánica del Judicial, del 5 de mayo de 1993, y su reforma». Esta iniciativa legislativa fue presentada durante el último período constitucional por el diputado independiente Dragos Dolanescu, quien ha sido un defensor activo de la mejora de las condiciones laborales para los funcionarios públicos.
A pesar del apoyo que recibió esta propuesta en el legislativo, la Corte Suprema de Justicia del país se manifestó en contra de la iniciativa, lo que exigió que se alcanzaran al menos 38 votos para su aprobación en esta fase del debate. Este mecanismo de control por parte del poder judicial resalta la tensión existente entre las diversas instituciones y sus interpretaciones del marco legal vigente.
Durante las deliberaciones, se observaron momentos tensos, como cuando los agentes del OIJ dieron la espalda a la líder del partido gobernante, Pilar Cisneros, en señal de protesta mientras ella expuso sus argumentos en contra de esta ley. Este tipo de acciones muestra la profunda preocupación y el descontento que existe entre los miembros de la OIJ sobre su futuro y condiciones de trabajo.
¿Cuál es la planificación del proyecto?
La ley propuesta busca no solo cumplir con el objetivo de la jubilación anticipada, sino también abordar mejoras en los términos de la policía judicial, particularmente en la lucha contra el tráfico de drogas, una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto. El enfoque de esta iniciativa es permitir que los funcionarios del OIJ que tienen la responsabilidad de portar armas y tienen requisitos específicos puedan acceder a una jubilación acorde a sus años de servicio. Se plantea que los agentes puedan retirarse a los 55 años y, para recibir una jubilación equivalente al promedio de sus últimos cinco salarios mensuales, deben haber trabajado por lo menos 30 años en el servicio.
En el caso de que un agente cumpla con la edad requerida de 55 años, pero no con los años de servicio estipulados, la jubilación se calculará bajo criterios que consideren su tiempo en el poder judicial, siempre que haya trabajado un mínimo de diez años.
- Para aquellos que cumplen con el requisito de edad, la jubilación se determinará de acuerdo a su antigüedad, asegurando que hayan trabajado al menos diez años en el poder judicial.
- El cálculo de la pensión se ajustará teniendo en cuenta los años de servicio efectivos y la edad del servidor, siempre que este haya alcanzado los 55 años.
A pesar de la clara aprobación que tuvo la ley en el segundo debate, el presidente Rodrigo Chaves ha expresado su intención de vetar el proyecto, lo que requeriría un nuevo debate y al menos 38 votos para revocar dicho veto. Esta situación deja un futuro incierto para la iniciativa y pone de relieve las tensiones políticas en torno al tema de las jubilaciones tempranas de los agentes del OIJ.
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