En un reciente desarrollo, el Diputado Pilar Cisneros ha ofrecido respuestas a la queja presentada por el empresario Leonel Baruch, en medio de acusaciones que implican a diversos funcionarios y figuras públicas en un delito de gravedad. Baruch ha afirmado que Cisneros, junto con el Presidente de la República, Rodrigo Chaves; el abogado José Miguel Villalobos; el exdiputado Otto Guevara; así como Carlos Valenciano, David Patey y Richard Molina, quienes están vinculados a los canales Opa, Trivision y The Guardian, respectivamente, están implicados en un complot que, según él, se basa en información incorrecta dispersa y en el abuso de poder.
A pesar de estas serias alegaciones, Cisneros se ha defendido, asegurando que no tiene ninguna relación con las actividades ilegales que se mencionan. En sus declaraciones, afirmó: «Las organizaciones del crimen ciertamente no tienen nada que ver con Pilar Cisneros y las afirmaciones del Sr. Leonel Baruch deberán ser sometidas al juicio del tiempo. La oficina del fiscal en Panamá y en Costa Rica deberán explicar por qué no investigaron adecuadamente a Tico Bank, que está relacionado con un gran caso de lavado de dinero», manifestó la legisladora.
Además, Cisneros ha rechazado de manera «inequívoca» cualquier vínculo con la queja que Baruch y su banco BCT han presentado. Cuestionando la existencia de las organizaciones criminales que menciona Baruch, se mostró sorprendido: «¿Dónde están las organizaciones criminales? Tal vez deberíamos solicitar una aclaración a Estrella de Panamá o instruir a la oficina del fiscal sobre lo que deberían declarar», añadió.
El 15 de abril, se hizo pública una información en un medio digital panameño bajo el título «Banco, bajo la lupa de las autoridades de Panamá y Costa Rica», un artículo firmado por José Arcia. Esta publicación, que se compone de ocho párrafos, se basa en información proveniente de fuentes anónimas que relatan sobre una supuesta investigación que se lleva a cabo en dicho banco en Costa Rica. Las autoridades tanto de Costa Rica como de Panamá han planteado la posibilidad de lavado de dinero y evasión fiscal relacionada con las actividades de Tico Bank, que tiene su base en Panamá y donde, según se informa, se movieron más de $100 millones sin justificación clara.
«El estudio comenzó en Costa Rica en relación a una evasión de impuestos superior a $10 millones, vinculada a una red internacional de empresas establecidas en ambos países», prosigue el artículo. Esto ha llevado a Baruch a defenderse, reiterando que no existe registro de investigación en su contra ni de su empresa BCT en ninguno de los dos países. «La información divulgada por el medio panameño y repetida por los participes de estas organizaciones criminales que supuestamente controla el presidente Chaves es completamente falsa. En Panamá, no hay registros que indiquen que exista una investigación abierta en contra de BCT o de mí por ningún delito», sostuvo el empresario.
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Observador también solicitó una respuesta de José Miguel Villalobos, quien es abogado y también amigo cercano del presidente Chaves. Villalobos declaró no tener intención de involucrarse en este caso en particular, y no proporcionó detalles sobre el proceso penal que se había presentado contra Baruch.
Expresó: «No tengo la intención de perder mi tiempo ni siquiera para señalar quién está llevando a cabo el comportamiento que el mencionado Baruch me atribuye. Sugiero que se tomen acciones antes de hacer acusaciones sin fundamento que condenen a alguien por hechos que no se han explicado adecuadamente, por lo que no tengo una respuesta para algo de tal magnitud», manifestó a los medios.
Por otro lado, Patey, quien es director de Trivisión, se refirió a Baruch como una persona que estaba encargada de responder a sus afirmaciones. En este contexto, el periodista indicó que Patey no ha recibido ninguna notificación acerca de la queja, por lo que no tiene conocimiento de su contenido. «David es, como siempre, una persona muy respetuosa del estado de derecho de este país, pero no se sabe de qué se trata el asunto», remarcó Alfo. También mencionó que, hasta el momento, no había encontrado ninguna información en las redes sociales que vinculara a su entidad con este caso.
En la misma línea, el comunicador Richard Molina también negó cualquier enlace con el tema hasta el momento. Aunque subrayó la importancia de que todas las personas que se ven involucradas en el ámbito legal deben considerar la situación seriamente. «Por eso su queja es verdadera, es diferente», justificó.
Molina defendió la labor periodística, señalando que existen personas que utilizan «instrumentos» con el objetivo de censurar y crear temor entre los comunicadores para que no ejerzan su derecho a informar. «Consideramos que lo informado hasta ahora es basado en simples quejas y actividades periodísticas que respetan el papel de nuestros reporteros, y no en mala fe, eso no es cierto; no hay mala fe, solo es un ejercicio periodístico normal«, puntualizó.
Como se observa, el desenlace de este conflicto legal probablemente se resolverá en los tribunales, donde se explicarán los distintos puntos de vista y se evaluarán las pruebas presentadas. Aún el Presidente de la República no ha ofrecido algún comentario respecto a esta denuncia. Asimismo, se ha intentado obtener el número de documento que vincule a Baruch con el caso, aunque se está a la espera de una respuesta formal.
Esta es la versión del medio panameño. (Captura de pantalla).
