El empresario Leonel Baruch ha llevado su caso ante la jurisdicción del crimen organizado, y en su apelación ha señalado directamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves. Según Baruch, el presidente está involucrado en una serie de irregularidades que incluyen conspiración criminal y la difusión de información engañosa.
Los implicados en este caso no son solo figuras de relevancia política, ya que se incluye a la diputada Pilar Cisneros, al abogado José Miguel Villalobos, así como a Otto Guevara, un expresidente del Partido Movimiento Libertario. También están mencionados Carlos Valenciano, David Patey y Richard Molina, quienes son dueños de medios como Opa Channel, TrVeision y The Guardian, lo que recarga la gravedad de las acusaciones.
Baruch argumenta que las acciones de estas personas han significado la distribución de información falsa así como abusos de poder y otras actividades ilegales. «La información que se divulgó en un medio panameño y que fue analizada por AMROI, repetida por individuos pertenecientes a estas organizaciones criminales bajo el control del presidente Chaves, es absolutamente falsa. En Panamá, no existe registro de ninguna investigación abierta en contra de BCT o de mí por algún delito», aseguró Baruch en declaraciones recientes.
El empresario también insistió en que su compañía no tiene relación alguna, ni de forma directa ni indirecta, con actividades ilegales como el lavado de dinero o evasión fiscal. Baruch rechazó la idea de que una publicación del periódico La Estrella de Panamá aludiera a BCT Bank, añadiendo que toda esta tormenta de acusaciones es parte de una estrategia para deslegitimar su reputación.
En una publicación del 15 de abril de este año, PanameNian Digital Media tituló un artículo «Banco, bajo la lupa de Panamá y Costa Rica», firmado por José Arcia. Este texto contenía ocho párrafos basados en fuentes anónimas que hablaban sobre presuntas investigaciones realizadas por las autoridades en relación al Banco Rika.
El artículo sugería que tanto las autoridades de Costa Rica como las de Panamá estaban indagando sobre posibles casos de lavado de dinero y evasión fiscal relacionados con la estructura financiera de TICO, un banco que tiene una filial en el Centro de Banca Panameña, mencionando que más de $100 millones habían sido transferidos sin justificación clara. «El estudio comenzó en Costa Rica como una discusión sobre la evasión fiscal, que fue llevada al Ministerio de Finanzas por más de $10 millones provenientes de redes internacionales», continuó la publicación.
Ante el clamor de injusticia, Baruch se defendió diciendo claramente que no hay ninguna investigación en curso en relación al lavado de dinero contra BCT en Costa Rica y Panamá, apelando a la justicia y a la verdad.
Esta es la versión del medio panameño.
En relación a este escándalo, Baruch sostiene que los medios panameños tienen la obligación de aportar explicaciones verídicas acerca de su participación en esta situación penal, afirmando que hay vínculos claros con las acciones de Chaves y que los involucrados, incluyendo a Pilar Cisneros, deben aclarar su rol en este tipo de periodismo.
Baruch comparó la situación actual con un anterior escándalo conocido como el caso **Megacasa de evasión fiscal**, donde también obtuvo protagonismo debido a las pérdidas significativas registradas en la Hacienda, que ascendieron a unos 11,000 millones.
Sobre Pascua
Baruch también mencionó que las acusaciones presentadas se dieron en un momento complicado, ya que el escándalo se suscitó durante un fin de semana, lo que limitó las posibilidades de respuesta inmediata debido a la situación de las vacaciones. Este factor hizo que la verificación de las falsedades en las declaraciones se retrasara, lo que a su juicio es parte de una estrategia premeditada.
Baruch considera que todo esto está relacionado con un esfuerzo por silenciar a CRHOY, un medio de comunicación semanal que se ha provocativo en su crítica hacia el gobierno actual de Chaves. «El método de ataque ya es bien conocido: lanzar mentiras con respecto a supuestas malas conductas con el objetivo de desviar la atención de acusaciones más serias», concluyó Baruch, señalando que esta táctica se ha vuelto habitual en la política actual.
