En una decisión que sorprendió a muchos y fue emitida en horas avanzadas de la noche, el Corte Suprema de los Estados Unidos tomó acción para detener las deportaciones de ciudadanos venezolanos, una medida que había sido planificada por la administración del entonces presidente Donald Trump, que se basaba en una controvertida legislación conocida como la ley de enemigos extranjeros de 1798.
La orden judicial, que fue respaldada por un voto decisivo de 7 a 2 de los magistrados de la Corte, instruyó claramente al gobierno a abstenerse de expulsar a cualquier venezolano hasta que se emita una nueva orden desde el tribunal. Esta medida fue una respuesta a una apelación de emergencia presentada por defensores de derechos humanos que estaban representando a estos inmigrantes amenazados de deportación.
Dentro de este contexto, la Corte Suprema fue el actor principal en la noticia, ya que su intervención significó un cambio significativo en la política de deportación que estaba en marcha. Por otro lado, la administración del entonces presidente Donald Trump es igualmente relevante, ya que fueron ellos los responsables de la formulación y ejecución de esta política altamente debatida.
Los defensores de los inmigrantes venezolanos desempeñaron un papel esencial en este asunto, llevando a cabo el procedimiento legal necesario para intentar frenar las deportaciones de sus clientes tras la alarmante situación en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde se encontraban recluidos algunos de ellos. También fue fundamental la intervención de organizaciones de defensa de las libertades civiles que habían expresado su preocupación ante la administración de las deportaciones programadas de venezolanos arrestados en el área del norte de Texas. En este contexto, se destaca la figura de Lee Gellnt, un abogado de la ACLU, quien presentó nuevas evidencias respecto a la notificación de las deportaciones que recibieron los migrantes.
La Corte Suprema de los Estados Unidos detiene las deportaciones a El Salvador de acuerdo con la legislación antigua
La decisión de la Corte Suprema fue tomada y emitida de manera rápida, justo después de una «mañana apresurada» en la que los defensores de los inmigrantes venezolanos habían presentado su apelación de emergencia. La audiencia, donde el abogado de la ACLU presentó pruebas adicionales, tuvo lugar el viernes, y fue el día siguiente cuando la Corte formalizó su orden al Gobierno para que cesara las deportaciones.
A medida que se desarrollaban los acontecimientos dentro del sistema legal de Estados Unidos, la apelación de emergencia fue presentada ante el Tribunal Superior de los Estados Unidos, el cual se encuentra en Washington DC. Las deportaciones planificadas se dirigían a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, lo que generó inquietudes sobre el trato que recibirían los inmigrantes venezolanos que ya habían sido arrestados en centros de detención de Estados Unidos, en especial en una instalación ubicada en el norte de Texas.
La intervención de la Corte Suprema se produjo como respuesta a las preocupaciones de que la administración de Trump estaba llevando a cabo deportaciones sin garantizar un proceso adecuado, permitiendo que los inmigrantes venezolanos pudieran impugnar sus deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. Los defensores sostuvieron que sus clientes fueron citados para deportación con muy poca antelación y sin un claro proceso de apelación, lo cual la Corte parece haber tomado en cuenta al emitir su orden.
Este fallo ocurre en un contexto más amplio en el que un tribunal de apelaciones federales también había bloqueado la eliminación del estado de protección temporal (TPS) para otros migrantes venezolanos, sugiriendo que existe una oposición legal creciente hacia la política de inmigración implementada por la administración en relación con esta población específica.
