El diputado oficial Daniel Vargas ha presentado un ambicioso proyecto de ley (conocido como archivo 24.929) que tiene como objetivo principal establecer un mecanismo de rendición de cuentas anual por parte de los cinco rectores de las universidades públicas del país. Según la propuesta, cada rector deberá presentar un informe frente al plenario en el mes de febrero, dirigido a toda la población. Este informe anual debe contener un análisis exhaustivo sobre la situación financiera y económica de cada universidad pública durante el último año calendario.
Además, se espera que los rectores incluyan un desglose de los objetivos y las medidas implementadas con el fin de mejorar la eficiencia y la productividad de sus respectivas instituciones. La estructura de estas presentaciones estará organizada de tal manera que cada rector contará con un límite de 20 minutos para presentar su informe, durante el cual se abordarán varios aspectos cruciales que constituyen la base de la formación universitaria y el impacto en el mercado laboral.
Para asegurar un análisis amplio y detallado, los informes deberán considerar los siguientes puntos clave:
- Adaptación de la oferta académica al mercado laboral actual y futuro
- Porcentaje de inserción laboral de los profesionales que han obtenido un posgrado
- Evaluación del desempeño académico de los estudiantes
- Promedio del costo por estudiante en la institución
- Porcentaje de estudiantes que continúan hacia programas de posgrado
- Desempeño financiero de la universidad, abarcando ingresos y egresos
- Desglose detallado de ingresos provenientes del Fondo Especial de Educación Superior, junto con transferencias estatales y otros registros
- Análisis de gastos relacionados con salarios, becas, y gastos administrativos y financieros
- Estado actual del balance financiero y proyecciones a cinco años
- Rendimiento y costos asociados con las investigaciones realizadas dentro de las instituciones
- Evaluación del desempeño de los organismos que asesoran a la administración pública, incluyendo costos y resultados obtenidos
Presidente de Conare
Adicionalmente, el proyecto también establece que el Presidente del Consejo Nacional de Rectores debe asistir previamente a la sesión de compensación para presentar un informe dirigido a la población. Este informe debe contener un balance de la gestión de dicho consejo en relación con el año anterior, y se le otorgará también un espacio de 20 minutos para su exposición. Los temas a abordar incluirán:
- Estado actual de la educación universitaria en el país
- Distribución del presupuesto asignado al Fondo Especial de Educación Superior
- Ingresos generados a través del registro universitario
- Otros ingresos obtenidos por servicios prestados por cada universidad
- Número de carreras ofrecidas en cada institución
- Costo promedio por estudiante en cada universidad
- Porcentaje de graduados universitarios en relación con la matrícula
- Porcentaje de estudiantes que continúan su formación en posgrados por universidad
- Tasa de éxito de las universidades respecto a la inserción laboral de sus graduados
El diputado Vargas subrayó la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito financiero, enfatizando que, de acuerdo con el presupuesto nacional 2024, las universidades públicas representan el 20.8% de dicho presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública. “Es esencial que se logren los objetivos establecidos en base al uso eficiente de los recursos, garantizando así la formación de profesionales competentes que respondan a las demandas del mercado nacional”, afirmó.
Una vez presentado el proyecto, este deberá recorrer los caminos legislativos establecidos antes de convertirse oficialmente en ley de la República, marcando así un paso hacia una mayor transparencia y eficiencia en la administración de las universidades públicas.
