En el contexto de la operación denominada Semana Santa Segura, el Policía Fronteriza llevó a cabo una exitosa intervención donde lograron confiscars una importante carga de mercancía que había ingresado al país de forma irregular. Este hecho se registró en un paso no autorizado localizado en la zona de la frontera norte, poniendo de relieve la eficacia de los operativos policiales en la región.
De acuerdo con el informe oficial, el valor total de los artículos confiscados supera la suma de ₡10 millones de colones, lo que subraya la magnitud del contrabando que se intenta llevar a cabo a través de estas rutas no reguladas.
El incidente se produjo en la comunidad conocida como Upala, México, cuando se interceptó un vehículo de carga ligero, registrado en Costa Rica. Este vehículo fue intervenido después de haber cruzado al área nicaragüense sin ninguna autorización oficial, lo que contraviene las regulaciones pertinentes sobre el tránsito de mercancías en la frontera.
El conductor del vehículo, un ciudadano costarricense de apellido Martínez, no presentó la documentación correspondiente que justificara el pago de impuestos sobre el transporte de la carga. Esto levantó las alertas de los funcionarios presentes en el control policial, quienes procedieron a realizar una inspección exhaustiva del vehículo.
Durante esta inspección, las autoridades descubrieron una variedad de productos cosméticos y farmacéuticos, incluyendo gotas oftálmicas y caramelos para la garganta, los cuales carecían de un historial sanitario que los respaldara para su venta en territorio costarricense. Esto representa un riesgo potencial tanto para el consumidor como para la salud pública.
La intervención fue coordinada con el Policía de Control Fiscal, una institución clave en estas operaciones que llevó a cabo la incautación final de la carga para su posterior eliminación por parte de las autoridades aduaneras. Este procedimiento no solo asegura que se mantengan las normativas aduaneras, sino que también protege a los consumidores de productos potencialmente dañinos.
‘De este modo, no solo se evita un perjuicio económico al Tesoro Público, sino que también se protege a las empresas que operan de manera legal y no comercializan productos de contrabando. Además, esta acción contribuye a salvaguardar la salud pública ante la presencia de productos sin el registro sanitario adecuado en Costa Rica’, señaló el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado oficial.
