La reciente aprobación en el segundo debate del proyecto de ley número 24.334 marca un hito significativo en el esfuerzo por fortalecer las comunidades rurales en el país. Esta iniciativa representa una respuesta a las crecientes demandas de las comunidades que buscan mejorar su calidad de vida y el acceso a recursos que fomenten su desarrollo sostenible.
La nueva ley, impulsada por el diputado Joaquín Hernández desde la región de Sancarleño, proporciona un marco legal que permite al Instituto de Desarrollo Rural (IDR) realizar transferencias directas de recursos a diversas organizaciones locales. Estas pueden incluir asociaciones de desarrollo, cooperativas, grupos comunitarios y otras entidades territoriales comprometidas con la mejora de la vida en sus respectivas comunidades. Al facilitar esta conexión directa entre el gobierno y las organizaciones locales, se espera que los proyectos que se implementen sean más pertinentes y efectivos, alineados con las verdaderas necesidades de la población.
Este proyecto, que fue presentado el año pasado, recibió un fuerte respaldo por parte de los delegados en el marco de la compensación legislativa. Esta aprobación ha permitido que la propuesta se convierta en parte integral de la Ley de la República, lo que introduce nuevos mecanismos que buscan promover el desarrollo integral y sostenible en las áreas que históricamente han sido marginadas. Esto refleja una clara intención de cambiar la tendencia hacia una mayor equidad en el acceso a los recursos y oportunidades para todas las comunidades.
Durante su intervención, el diputado Hernández subrayó que el propósito primordial de este enfoque es la correcta canalización de recursos a quienes mejor comprenden las necesidades de sus comunidades. “Nadie mejor que las comunidades mismas para saber qué trabajos necesitan y cómo ejecutarlos”, afirmó con convicción. Este enfoque da voz a las mismas comunidades, capacitándolas para ser protagonistas de su propio desarrollo y no meras receptoras de asistencia externa.
La estructura de la nueva legislación establece un sistema que minimiza la necesidad de intermediarios, permitiendo que el flujo de recursos sea más ágil y eficiente. Esto significa un cambio radical en la forma en que se gestionan los fondos públicos destinados al desarrollo rural, eliminando muchos de los obstáculos burocráticos que anteriormente frenaban iniciativas importantes. Sin embargo, se mantiene un compromiso con la supervisión y la rendición de cuentas: las organizaciones que reciban financiación deberán cumplir con estrictos estándares de transparencia y operatividad, tal como se detalla en el texto legislativo aprobado.
Durante las deliberaciones sobre el proyecto, varios delegados enfatizaron la necesidad de empoderar a las comunidades rurales, que a menudo enfrentan problemas burocráticos que obstaculizan la ejecución de proyectos vitales, como aqueductos, caminos, centros de convivencia o sistemas de riego. Este contexto resalta la importancia de favorecer un sistema que funcione de manera más directa y que sea más sensible a las realidades locales.
Además, el diputado Hernández aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a sus pares por el apoyo recibido, enfatizando: “Gracias por comprender que la inversión en el desarrollo rural no es un gasto, es una inversión social y económica que beneficia a todo el país”. Esta ley no es solo una norma sobre papel, sino el resultado de un proceso colaborativo que busca responder a una necesidad histórica de las comunidades. “No es una ley de escritorio, es una ley nacida del área, de la lucha de las comunidades que ha estado haciendo mucho con poco durante años”, añadió, subrayando la relevancia de la participación comunitaria en la gestión del desarrollo.
La meta ahora es comenzar a trabajar en las pautas y procedimientos necesarios para implementar esta nueva facultad en los próximos meses, priorizando las áreas que exhiben los mayores índices de rezago social y económico. Con esta aprobación, Costa Rica avanza decisivamente hacia una descentralización efectiva que potencia la participación activa de las comunidades en su propio desarrollo y fortalece la colaboración entre el estado y los actores locales.
