





La Policía de Control de Drogas (PCD), que forma parte del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, ha llevado a cabo una significativa intervención en la que se logró desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico. Esta operación se llevó a cabo en una vivienda localizada en la urbanización de La Angosta, situada en La Guácima, Alajuela. En el transcurso de la operación, las autoridades lograron incautar tanto drogas como armas de fuego, marcando un golpe relevante contra el crimen en la región.
La organización delictiva fue conformada por tres individuos, quienes operaban las 24 horas del día, comercializando diversas clases de drogas, que incluían sustancias sintéticas, así como pipetas de THC (tetrahidrocannabinol), un compuesto psicoactivo que se encuentra en la marihuana.
Según el informe del Ministerio de Seguridad, los narcóticos incautados no solo eran variados, sino que también estaban etiquetados con precios en su envoltorio, lo que facilitaba que los consumidores conocieran de antemano el costo de cada producto ofrecido por los delincuentes.
Los sospechosos del crimen han sido identificados como López Mora, Laínez Blanco y Salas Vargas. Se ha indicado que tanto López como Salas cuentan con un historial judicial extenso, mientras que Laínez no presenta antecedentes penales. Al realizar una inspección exhaustiva de la propiedad, los agentes de la PCD lograron decomisar una notable cantidad de sustancias prohibidas y otras pruebas.
- 78 dosis de crack
- 53 dosis de cocaína
- 78 envoltorios de marihuana
- Seis dosis de una droga conocida como Tusi
- Cinco pipetas de THC
- 36 dosis de drogas sintéticas
- Tres armas de fuego
- 208,000 colones, que se sospecha son fruto de la actividad delictiva
La exitosa operación fue el resultado de un trabajo conjunto entre la PCD, el poder público y la Dirección de Análisis Penal e Inteligencia (DIAC), demostrando la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Las tres personas detenidas se enfrentarán a graves cargos por la venta de drogas. Según la legislación costarricense, las penas por este tipo de delitos pueden oscilar entre ocho y quince años de prisión, lo que enfatiza la seriedad del caso y la determinación del gobierno para desmantelar redes delictivas.