La reciente sesión legislativa detentó la atención de muchos al decidir, el pasado miércoles, de manera contundente, el rechazo a la liberación alternativa de un proyecto crucial. En esta votación, los representantes del Frente Amplio, Liberal Progresista, así como los miembros Independientes, manifestaron su desacuerdo al presentar el documento número 23,724 al pleno de la asamblea.
Uno de los cambios más significativos que se introdujo fue la reforma del artículo 105 de la Constitución Política. Esta modificación tenía la finalidad de permitir la realización de un referéndum relacionado con las pensiones, un tema de gran relevancia y discusión en la sociedad costarricense.
El proyecto, conocido como «Deceto», se enmarcaba en la intención de brindar a los ciudadanos la oportunidad de decidir, mediante un referéndum, si era pertinente eliminar las denominadas pensiones de lujo, las cuales han sido objeto de críticas y demandas de reforma por parte de diversos sectores de la población.
La propuesta original fue presentada por la funcionaria Pilar Cisneros en abril de 2023, y fue respaldada con la firma de varios legisladores en ese momento, lo que le dio una plataforma inicial para su discusión. Sin embargo, a medida que avanzó el proceso legislativo, las voces en contra se hicieron escuchar con mayor claridad.
El miércoles pasado se culminó la fase de discusión en el plenario, y aunque la votación se llevó a cabo, solo logró alcanzar 16 votos a favor frente a 25 en contra, lo que resultó en la muerte de la propuesta. «La lista va al archivo», fue la contundente declaración del presidente interino del Parlamento, Carlos Felipe García, quien también se desempeña como secretario de la Legislatura, marcando así un punto final a la iniciativa.
Es importante mencionar que, si bien se constituyó una comisión en beneficio de la reforma, destinada a analizar y recomendar lo que debía hacerse respecto al contenido del proyecto, esta no logró los consensos necesarios para que avanzara a un nivel más arriba.
Verifique más: Pilar Cisneros se esfuerza por acelerar la reforma de progreso para permitir un referéndum sobre la jubilación de lujo
Este fue el voto. (Captura de pantalla)
Que la gente decida
El referéndum como herramienta de consulta ciudadana fue instituido en Costa Rica en 2002, a través de la reforma del artículo 105 de la Constitución Política. Este mecanismo busca empoderar a los ciudadanos para que puedan participar activamente en la promulgación, adopción o derogación de leyes, así como en la mejora de la constitución, siempre y cuando al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral lo soliciten.
No obstante, existen ciertas excepciones que limitan el alcance de esta participación ciudadana, ya que cuestiones relacionadas con el presupuesto, impuestos, temas fiscales, monetarios, pensiones, seguridad y contratos estatales están excluidas de esta posibilidad de referéndum. Esto ha generado un debate sobre la efectividad del mecanismo y su capacidad para reflejar verdaderamente la voluntad popular en todos los aspectos de la gobernanza.
Dentro del marco de esta propuesta, se incluyó un texto modificado del artículo 105, que establece que «el referéndum no continuará si los proyectos están relacionados con el presupuesto, fiscal, fiscal, monetario, crédito, seguridad, préstamos y contratos o administración». Este aspecto ha sido motivo de discusión y análisis en la Autoridad Legislativa, ya que en última instancia, la reforma impulsada por Pilar Cisneros no logró el apoyo necesario y no verá la luz en el futuro cercano.
