En una votación unánime llevada a cabo durante el segundo debate legislativo, donde participaron 40 suplentes, se aprobó de manera definitiva el proyecto de ley número 24,834, que establece un incremento significativo en el tiempo de prescripción para los delitos de corrupción. Este avance legislativo representa un paso importante en la lucha contra la impunidad asociada a actos corruptos, destacando la necesidad de una legislación más robusta para disuadir tales comportamientos.
La medida, que cuenta con el respaldo del Frente Amplio, fue esencialmente publicada a comienzos de marzo y requiere ahora únicamente la firma del presidente Rodrigo Chaves para convertirse en ley oficial. Se espera que esta acción no solo ponga fin a la laxitud en la prescripción de los delitos de corrupción, sino que también envíe un mensaje claro a quienes pudieran estar tentados a participar en actividades corruptas.
Inicialmente, el proyecto, impulsado por Ariel Robles, establecía un periodo de prescripción de 25 años. Sin embargo, tras negociaciones con el legislador Fabricio Alvarado, se acordó extender ese tiempo a 30 años. Actualmente, los delitos de corrupción prescriben a los 10 años, una cifra que muchos consideran insuficiente para garantizar que la justicia sea servida.
La aprobación de esta propuesta ocurrió en una reunión parlamentaria inesperada el 28 de marzo. En ese mismo día se continuó el proceso con la primera discusión, lo que evidenció la urgencia y la importancia de este tema en la agenda legislativa.
“Enviamos un mensaje fuerte de que cualquier persona implicada en actos de corrupción enfrentará consecuencias tanto legales como sociales, y que nunca escapará de la responsabilidad pública”, expresó el vicepresidente Ariel Robles, uno de los principales impulsores de esta iniciativa.
El texto que se propone implementar implica añadir una nueva sub-sección d) al artículo 31 del código penal. Esto establecería que:
31. Gr.- Términos de prescripción de acción penal. Si no se inicia un caso penal, la acción prescribirá:
(…)
(d) Treinta años después de la entrada en vigor de la Ley Penal en la Ley 8422, conocida como la Ley de Corrupción y la habilitación ilegal en el rol público, que se aprobó el 6 de octubre de 2004, así como también para los delitos clasificados como «delitos contra los deberes de los servicios públicos» dentro del ámbito de las normas penales.
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FA-Nueva República
Por otro lado, es importante mencionar que el partido Nueva República había presentado un proyecto similar en 2021, identificado como documento 22,460, donde se proponía que la prescripción de estos crímenes se extendiera hasta 30 años. Esto muestra que hubo un interés previo en modificar y extender el tiempo de prescripción por parte de distintas fuerzas políticas en el país.
De acuerdo con la información proveniente del servicio de procesamiento en el registro correspondiente, se llegó a un consenso para modificar el periodo de 25 a 30 años y se decidió continuar con este archivo legislativo. Sin embargo, cuando se aprobó la enmienda, el proyecto de Nueva República, que provenía del periodo legislativo anterior, fue archivado por falta de apoyo, ya que no se logró aprobar la extensión de cuatro años.
Finalmente, el diálogo constructivo entre la Nueva República y el Frente Amplio llevó a la aprobación de esta nueva propuesta de ley, la cual ha avanzado hasta su segunda discusión y se espera que, con la firma presidencial, se convierta en una ley efectiva pronto.
