El poder público ha llevado a cabo una importante operación que resultó en el arresto de 13 antiguos mineros, así como en la confiscación de una cantidad significativa de suministros que se utilizaban para la extracción ilegal de oro. Según el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir la minería ilegal, la cual representa no solo un desafío económico, sino también un problema ambiental grave.
Una de las operaciones se llevó a cabo en una bodega que se ubica cerca de la desembocadura del río Infiernillo, en Crucitas de Curris, San Carlos. Durante esta intervención, los oficiales tuvieron éxito al incautar:
- 250 kilogramos de cianuro (hidróxido de sodio), un material altamente tóxico que se usa en el proceso de extracción de oro.
- 2 toneladas de lima, un insumo utilizado en el proceso de procesamiento de minerales.
- 180 litros de ácido Murily, otro químico peligroso asociado a la minería.
- 120 litros de gasolina, la cual puede ser utilizada para alimentar maquinaria o para otros propósitos en una operación minera.
En otra acción realizada por la patrulla fronteriza en el sector conocido como El Codo del Diablo, también en Crucitas, un minero se entregó y, durante esta actividad, las autoridades arrestaron a 2 sujetos que intentaron escapar. Este tipo de respuesta es parte de la estrategia implementada por las autoridades para desmantelar las redes involucradas en la minería ilegal.
‘Dentro del sitio, hubo dos sujetos que notaron que la presencia policial se iba. Fue en ese momento que decidieron intentar huir.
Durante este proceso, las autoridades encontraron:
- 611 cajas que contenían un total de 12.220 cigarrillos que habían ingresado al país de forma ilegal desde Nicaragua.
- Una variada cantidad de herramientas destinadas a la actividad minera.
- Una botella que contenía aproximadamente 500 gramos de mercurio, una sustancia altamente peligrosa para la salud y el medio ambiente.
En acciones posteriores, 11 mineros adicionales fueron detenidos por la policía en una operación en Crucitas. Se ha documentado que los 13 arrestados estaban en condición de migración irregular, lo que ha llevado a que las autoridades de migración tomen el control sobre ellos.
Finalmente, el poder público también ha coordinado esfuerzos con el Ministerio de Salud y la Agencia de Investigaciones Judiciales para asegurar la gestión del cianuro y otros productos químicos que fueron confiscados durante estas redadas. Las autoridades están comprometidas a abordar tanto los aspectos criminales como los riesgos para la salud pública asociados con la minería ilegal, y estas acciones son un paso significativo hacia la mitigación de los problemas que esta actividad representa para la comunidad y el medio ambiente.
