Recientemente, las autoridades del poder público han llevado a cabo una operación significativa en la localidad de Nicoya, en la provincia de Guanacaste, donde han desmantelado un centro clandestino de gran tamaño. Este lugar no solo era un punto de reunión para actividades ilícitas, sino que también albergaba prácticas que violan las normativas sobre bienestar animal y el tráfico de sustancias controladas.
Durante la intervención, los funcionarios realizaron una serie de confiscaciones que revelaron la gravedad de las actividades que se llevaban a cabo en el sitio. En el lugar que fue asegurado por las autoridades, se encontraron una serie de elementos que son indicativos de delitos mayores:
- Se incautaron 5 dosis de marihuana, información que sugiere la posible comercialización de drogas en la zona.
- Además, las autoridades impidieron la continuación de la venta ilegal de 210 espuelas de carey, que son altamente valoradas y están protegidas por leyes ambientales debido a su estatus de especie en peligro.
- Un aspecto particularmente preocupante de esta operación fue el hallazgo de 17 gallos vivos que presentaban evidencias evidentes de maltrato: estaban golpeados y heridos, lo que indica que podrían haber estado involucrados en peleas, una práctica cruel y prohibida en muchas regiones.
- Asimismo, se encontraron 4 gallos muertos bajo circunstancias que sugieren que no recibieron la atención médica necesaria y que probablemente fueron víctimas de esta misma violencia.
Los esfuerzos de las fuerzas del orden no se detuvieron en la confiscación de bienes. En total, las autoridades lograron capturar a 20 individuos que se encuentran bajo investigación por su implicación en estos delitos. El espacio donde se llevaban a cabo estas prácticas ilegales era un centro improvisado construido con tablones de madera, lo que subraya la falta de consideración hacia los derechos y el bienestar de los animales involucrados.
Para facilitar un proceso legal adecuado y garantizar que se sigan todos los protocolos pertinentes, el poder público ha coordinado acciones con distintas entidades, como el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la oficina del fiscal. Estas colaboraciones son fundamentales para abordar no solo el aspecto penal, sino también para asegurar la protección de los animales rescatados y justificar las sanciones correspondientes a los responsables de estas actividades ilícitas.
