Durante la reciente Convención, se llevó a cabo la primera discusión del Documento 24,215, cuyo objetivo es introducir reformas significativas a la Ley de Adquisición Pública General. Estas reformas tienen la intención de excluir a la Cruz Roja y a varias organizaciones internacionales de los procesos de supervisión y reclutamiento establecidos por dicha ley.
Es importante destacar que estas organizaciones, como UNOPS, quedarían exentas de seguir los procedimientos habituales, lo que ha suscitado intensos debates. La iniciativa, impulsada por el legislador Oscar Izquierdo del partido Verdiblanco, recibió apoyo en el primer debate por parte de la 37 Legislatura. Sin embargo, se encontró con la oposición de Eli Feinzaig y Luis Diego Vargas, quienes representan al liberalismo progresista.
El general de la República ha manifestado su desacuerdo con la propuesta, sugiriendo que a pesar de las modificaciones que se han realizado al texto original, persisten numerosos riesgos inherentes a esta propuesta. Uno de sus principales temores es que este tipo de medidas podría facilitar una «contratación de los dedos», una práctica que podría dar pie a irregularidades en el proceso de contratación pública.
El diputado Feinzaig ha señalado que la situación exige una intervención urgente, y ha levantado una fuerte voz de alarma sobre lo que considera una amenaza a la estabilidad de la nación. Según sus palabras, el texto actual elimina toda forma de supervisión en la contratación de obras públicas y despoja de control al gerente responsable, lo que se traduciría en una gestión irresponsable y potencialmente dañina.
Feinzaig explica: «El texto tal como está, permitiría la designación de proyectos de obras públicas que se ejecutarían sin ningún tipo de control, lo cual es sumamente peligroso. Estamos indicando al gobierno que no necesita competir en el mercado, ya que puede aceptar una contratación sin seguir los procedimientos adecuados». El legislador acusó al gobierno de Rodrigo Chaves de estar promoviendo lo que él llama el «jaguar», un concepto que, según detalles, serviría para liberar al gobierno de responsabilidades en la aprobación de proyectos.
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El proyecto es de Oscar Izquierdo. (Archivo/la foto del observador)
Cambiar en movimiento
Desde la centenaria apertura política de la nación, el subsecretario ligado a la izquierda ha defendido la postura de que la propuesta no se trata de permitir que el gobierno contrate sin reglas, sino que busca corregir un problema integral en la legislación actual que ha limitado el acceso del país a fondos de cooperación internacional.
El legislador Izquierdo ha aclarado que esta iniciativa legislativa no está destinada en modo alguno a modificar la forma en que se lleva a cabo el reclutamiento público. Más bien, tiene como objetivo asegurar que el país pueda beneficiarse de capital proveniente de la cooperación internacional a través de acuerdos de costos conjuntos, manteniendo al mismo tiempo el control y la supervisión estipulados por la ley actual. Además, enfatizó que los controles del gerente y las normativas existentes no se verían afectados.
El diputado ha indicado que el proyecto está diseñado para ser discutido nuevamente en la próxima reunión del Parlamento, con la posibilidad de presentar enmiendas al texto propuesto para asegurar que se cumplan los principios de transparencia y control. Esta discusión está programada para la siguiente semana, y los legisladores esperan que se pueda llegar a un consenso que beneficie la integridad del proceso de adquisición pública en el país.
