Las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) han emitido una orden clara al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para que no implementen modificaciones en la tasa de transmisión de medios hasta que concluyan las elecciones. Esta decisión responde a la importancia de garantizar que el proceso electoral se mantenga transparente y justo para todos los votantes.
Es fundamental que no se realicen cambios en las frecuencias de transmisión, ya que algunos ajustes pueden ocasionar que ciertas estaciones de radio pierdan su capacidad de operación, lo que afectaría enormemente la calidad y disponibilidad de la información que reciben los ciudadanos. En la actualidad, el acceso a la información política es esencial para una participación efectiva del electorado. Sin un acceso adecuado a la información, se corre el riesgo de distorsionar la percepción que los votantes tienen sobre las propuestas y posturas de los diferentes partidos políticos.
De hecho, el TSE ha señalado que cualquier intento de modificar las frecuencias podría “distribuir el acceso de los votantes a la información en términos políticos de manera desigual”, lo que resulta alarmante en un contexto donde la próxima elección presidencial está programada para el 1 de febrero de 2026. En caso de ser necesario, una eventual segunda vuelta se realizaría el domingo 5 de abril del mismo año.
El razonamiento detrás de esta protección, según el TSE, es que ejercer el derecho al voto requiere un acceso equitativo a la información. La transparencia en los resultados y en la campaña educativa sobre el proceso electoral son elementos fundamentales. Además, los partidos políticos cuentan con diversas herramientas para difundir sus propuestas y persuadir a la ciudadanía. Sin embargo, si se alteran las frecuencias, se generarán consecuencias adversas, como:
- El potencial deterioro de la competencia en el ámbito electoral.
- Posibles complicaciones en el funcionamiento del sistema de financiamiento público.
- Limitaciones en las opciones del TSE para comunicarse con ciudadanos durante el proceso electoral, dado que se necesita un espacio de media hora que debe ser asignado a las estaciones de radio para que puedan cumplir con este propósito.
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TSE responde a una advertencia de Chaves
La resolución emitida por el TSE, la número 2267-E8-2025 del 2 de abril, se produce en un contexto de tensión tras las amenazas del presidente Rodrigo Chaves de desactivar las frecuencias de radio y televisión si no se aprueba un proyecto de ley gubernamental antes de septiembre de este año.
Este proyecto busca implementar reformas que, según el Ejecutivo, establecen tarifas más elevadas por el uso del espectro radioeléctrico. Paula Bogantes, la Ministra de Ciencia y Tecnología, indicó que la propuesta implicaría un costo anual de 3.5 millones de una base total de 15 millones para todas las empresas. Esta medida podría tener un impacto significativo en pequeñas y medianas empresas, ya que este pago podría representar hasta el 65% de sus ingresos.
Las concesiones actuales que operan las compañías de radio y televisión en Costa Rica expiran el 28 de julio de 2024; sin embargo, el gobierno ha decidido extender este plazo por 15 meses más, dando como nueva fecha límite septiembre de 2025.
La postura de Chaves
El presidente Chaves ha afirmado que si las concesiones no se renuevan es responsabilidad de la Comisión Legislativa, haciendo referencia a la situación de los propietarios de Teletica. “No vamos a extender estos plazos; tienen hasta septiembre para demostrar a los costarricenses dónde están sus intereses”, expresó Chaves en una reciente rueda de prensa.
Las frecuencias que actualmente se utilizan para la transmisión son:
- De 525 kHz a 1705 kHz para la transmisión de amplitud modulada (AM)
- De 88 MHz a 108 MHz para el servicio de frecuencia modulada (FM)
- De 174 MHz a 216 MHz y 470 MHz a 608 MHz para el servicio de televisión.
Un estudio realizado por Sutel ha mostrado que existe una alta demanda de espectro radioeléctrico, lo cual hace aún más relevante la discusión sobre la regulación y uso de estos recursos.
Paula Bagantes, Ministra de Ciencia y Tecnología. (Cortesía/Oficina Presidencial).
