La Corte Suprema ha establecido una disposición importante en relación a las elecciones, particularmente en lo que respecta a la actuación del Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Este ministerio no podrá implementar ningún tipo de variación en el modelo vigente ni en la concesión de frecuencias de transmisión hasta que se lleven a cabo las elecciones electorales. Este mandato subraya la necesidad de garantizar un entorno estable y seguro para el desarrollo del proceso electoral.
Desde la óptica del organismo electoral, dicha modificación podría acarrear consecuencias serias, como la posibilidad de que diferentes estaciones de radio se vean obligadas a cesar sus operaciones o que enfrenten cambios significativos en sus condiciones de funcionamiento. Este escenario es preocupante, ya que podría obstaculizar el acceso de los votantes a información crucial que podría influir en sus decisiones durante las elecciones políticas. La información es un pilar fundamental para el ejercicio del derecho al voto y, por ende, su disponibilidad debe estar garantizada.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fundamenta su postura en la premisa de que el ejercicio del derecho a la voz de la ciudadanía está intrínsecamente ligado al acceso a información veraz y plural. Para que la democracia funcione correctamente, es esencial que exista pluralismo informativo, donde todos los grupos políticos tengan la oportunidad de comunicar sus ideas, así como que los ciudadanos puedan recibir esa información sin restricciones. Esta dinámica permite que el electorado tome decisiones informadas, algo que es critico para la salud democrática del país.
Este razonamiento fue igualmente expuesto en la resolución número 5704-E8-2017, del 8 de septiembre de 2017, en la que el TSE emitió una advertencia al MICITT. Durante el mandato del entonces presidente Luis Guillermo Solís, se destacó que la transición hacia la televisión digital no debería resultar en que los ciudadanos se quedaran sin acceso a señales de televisión gratuitas, resaltando la importancia que tiene el acceso a la información durante períodos electorales.
Adicionalmente, la resolución del TSE incluye menciones sobre el impacto negativo que podría tener un cambio en las condiciones de equidad durante el proceso electoral, la operación del sistema de financiamiento público y la capacidad del propio TSE para comunicarse con la población durante la electoral, así como el uso de la media hora gratuita que las estaciones de radio deben proporcionar en estos contextos.
Los magistrados y magistradas del TSE han reiterado que su autoridad se limita a aquellos aspectos que están directamente relacionados con la organización, dirección y supervisión de los procesos electorales, impactando de manera directa o indirecta las oportunidades con las que los costarricenses ejercen su derecho al voto. Por ello, solo manifestaron sus preocupaciones sobre los potenciales efectos que podría generar un cambio en el ámbito de las comunicaciones durante las elecciones que están programadas para febrero de 2026. Sin embargo, se abstuvieron de opinar sobre la corrección legal o la conveniencia del proceso de otorgamiento de frecuencias de transmisión.
Por lo tanto, el TSE dejó claro que el proceso que se inicia por parte del MICITT puede prosseguir, aunque cualquier prórroga, renovación o asignación de frecuencias que se haga conforme a las leyes pertinentes, tendrá su entrada en vigor pospuesta hasta la proclamación de las nuevas autoridades electas.
Durante una reciente conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves expresó su preocupación acerca de un posible “eclipse” de radio y televisión en el país. Esto sucederá si los delegados no aprueban, en septiembre, una iniciativa del poder ejecutivo que busca modificar la manera en que se calcula el impuesto anual que deben abonar los concesionarios de frecuencias. Chaves también mencionó que no extenderá el período de 15 meses que su gobierno había otorgado en junio de 2024, en cuanto a la validez de los accesos a las frecuencias. Este proceso se encuentra actualmente bajo la evaluación de la Comisión de Gobierno y Administración, que es presidida por el diputado Fabricio Alvarado, del Partido de la Nueva República (PNR).
