Luego de la reciente declaración del presidente Rodrigo Chaves, la situación respecto a la factura del Canon de radio y televisión ha generado un ambiente de incertidumbre dentro del ámbito legislativo. En septiembre, si no se encuentra una solución adecuada, se percibe que el parlamento estará sumido en la oscuridad. La reacción de los legisladores ha sido contundente al respecto.
Una de las figuras que más destacó en esta discusión fue la representante adjunta de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas. Su postura fue evidenciada con una clara expresión de malestar e indignación ante lo que consideró una amenaza por parte del presidente. En su intervención, que fue reportada previamente por , Rojas afirmó que el mandatario debe asumir la responsabilidad sobre la situación de la oscuridad que podría enfrentar el país, en lugar de apuntar hacia el parlamento.
“Si el país se enfrenta a una situación de oscuridad, eso recae sobre sus hombros, no los de la Asamblea”, afirmó Rojas con firmeza. “Construir soluciones es tarea del presidente; no es una misión imposible”, añadió, enérgicamente señalando que las soluciones no deben basarse en amenazas, sino que necesitan de un diálogo constructivo que surja del propio ámbito legislativo.
Rojas también hizo énfasis en que, tras la presentación de los dos registros ante el Comité de Gobierno y Gestión, hay varias propuestas que están pendientes de análisis y que buscan un acuerdo que funcione para todas las partes involucradas.
Uno de los proyectos clave que se ha traído a la mesa se refiere a una posible modificación en la recaudación porcentual, el cual podría equilibrar los ingresos corporativos a lo largo de distintos años. La falta de atención a estas preocupaciones ha llevado al presidente Chaves a expresar que, de haber un colapso en la señal de televisión y radio, eso debería atribuirse a la inacción del parlamento, haciendo referencia a los intereses de ciertas empresas, en especial a Teletica.
“No vamos a posponer esta situación, de aquí a septiembre, mientras enseñamos a los costarricenses dónde se encuentran sus intereses políticos, así como sus prioridades económicas”, continuó Chaves, apelando a una mayor responsabilidad por parte de la legislatura.
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Alvarado espera que el asunto se resuelva de la mejor manera posible.
Escritorio
Otro de los proyectos que se ha discutido fue presentado por el legislador del partido libertario, Óscar Izquierdo. Sin embargo, este proyecto no cuenta con el respaldo del gobierno, una postura que fue reafirmada por la Ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, en su intervención el miércoles pasado.
Esta propuesta genera una expectativa de crear alrededor de 3.5 millones de puestos de trabajo anuales, aunque el reto se encuentra en que afectarían considerablemente a las pequeñas y medianas empresas, que en este contexto representan hasta el 65% de sus ingresos anuales, según afirmaciones de expertos en la materia.
El presidente del Gobierno y del Comité de Gestión, Álvaro Alvarado, comentó a que ya se han comenzado conversaciones sobre la urgencia de establecer un banco de trabajo que busque alcanzar un acuerdo sobre estas discrepancias. “Hemos hablado sobre la necesidad de establecer un diálogo, llegar a consensos y prometimos coordinar con el vicepresidente (de la Oficina Presidencial), Alejandro Barrantes, la creación de la primera mesa de trabajo con diputados y representantes de la comisión”, declaró Neorepublican.
Como presidente de la Comisión, Alvarado expresó su interés en encontrar un texto que sea aceptable para todos los sectores y que concurrente con las exigencias actuales para paliar el vacío que enfrenta el país, donde los costos de las tarifas están resultando excesivos y difíciles de afrontar.
Para el diputado Alvarado, el propósito más inmediato es resolver esta situación antes de llegar a septiembre, cuando las concesiones de las empresas de radio y televisión en Costa Rica están programadas para vencerse en la fecha del 28 de julio de 2024. Sin embargo, el gobierno ha decidido otorgar una prórroga de 15 meses adicionales, extendiendo así el nuevo plazo hasta septiembre de 2025.
